En los últimos noventa días, el Ejecutivo de Gustavo Petro ha oficializado la salida de 326 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, una cifra que supera por mucho el promedio registrado en los últimos cinco años. La medida ha generado un intenso debate entre juristas, analistas de defensa y la propia cúpula militar, quienes señalan que la mayor parte de estas bajas se efectuó bajo la figura de “llamamiento a calificar servicios”, un mecanismo cuya correcta aplicación es todavía objeto de controversia. ¿Qué implica este éxodo inédito para la cadena de mando del Ejército y para la seguridad nacional de Colombia?

Una ola sin precedentes: los números hablan

Una auditoría de resoluciones oficiales, obtenida a través de la página de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría General del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAP), muestra que entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2024 se emitieron 274 resoluciones de llamado a calificar servicios, 86 de ellas para oficiales de rango mayor a teniente coronel. El resto de las salidas (52 en total) correspondieron a licencias por razones de salud o jubilaciones programadas.

- **326 bajas** en 90 días equivale a **3,62 militares por mes**, una tasa que supera en un 210 % el promedio de 1,2 mil por mes registrado entre 2018 y 2023.
- **El 67 %** de los llamados a calificar servicios se justificó con “bajas en el desempeño” y “readecuación de la estructura organizativa”, mientras que el **33 %** restante citó “motivos de índole personal” o “reincorporación a la vida civil”.
- Según datos del Ministerio de Defensa, la plantilla total del Ejército está en **219 000 efectivos**; la cifra de 326 representa **0,15 %** del total, pero la concentración de los retiros en altos mandos eleva la inquietud sobre la continuidad de la línea de mando.

El llamado a calificar servicios bajo la lupa jurídica

El “llamamiento a calificar servicios” (LCS) se introdujo en la Ley 190 de 1995 con la intención de permitir una reordenación flexible de la estructura militar, sin que implique un despido arbitrario. No obstante, la normativa exige que el proceso sea precedido por una evaluación objetiva, transparencia en los criterios y, sobre todo, la garantía del derecho a defensa del militar.

> “En la práctica, el LCS se ha convertido en una herramienta discrecional que permite al Ejecutivo reconfigurar la jerarquía sin pasar por los canales de la carrera profesional,” advierte **María Fernanda Suárez**, jurista especializada en derecho militar y profesora de la Universidad Nacional. “Si se vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica, el riesgo es crear un precedente de inseguridad institucional que afectará la disciplina y la moral de todo el cuerpo”.

Los expertos consultados coinciden en señalar tres posibles inconsistencias:

1. **Falta de evaluación individualizada**: muchos de los documentos de llamado no incluyen un informe de desempeño detallado, lo que dificulta la revisión del caso por parte del militar.
2. **Ausencia de audiencia previa**: la normativa exige que el oficial tenga la oportunidad de exponer su defensa, pero en varios casos la audiencia se realizó de forma virtual y sin garantía de acceso a la evidencia.
3. **Desproporción de cargos y rangos**: se observó una mayor concentración de LCS en áreas de inteligencia y logística, sectores críticos para la gestión de la seguridad interna y el contrabando de armas.

Impacto en la cadena de mando y la capacidad operativa

El Ejército Nacional se encuentra, según el propio Departamento de Defensa, inmerso en una fase de reestructuración que busca fortalecer la presencia en zonas fronterizas, optimizar la lucha contra el narcotráfico y mejorar la respuesta a desastres naturales. La salida de 326 militares, especialmente en rangos de mando medio y superior, plantea varios retos:

- **Vacantes en puestos de mando**: Los oficiales retirados ocupaban plazas clave en batallones de élite y en la cadena de suministro logística. Sus reemplazos, en su mayoría oficiales de menor experiencia, podrían requerir un período de adaptación mayor, lo que podría ralentizar operaciones en zonas críticas como el Cauca y el Putumayo.
- **Desmotivación del personal**: La percepción de que el proceso de salida no es transparente puede erosionar la confianza de los soldados en la institución, generando un aumento de bajas voluntarias y de solicitudes de licencias médicas.
- **Riesgo de brechas de seguridad**: La prematura salida de oficiales con conocimientos sensibles, sin una adecuada transferencia de información, podría abrir espacios para infiltraciones de grupos armados ilegales.

Un escenario latinoamericano: comparaciones y precedentes

Colombia no es el único país de la región que ha experimentado una reconfiguración de su aparato militar bajo gobiernos de corte progresista. En México, el presidente López Obrador ha impulsado la “reorientación de la Fuerza Armada” mediante bajas voluntarias y la creación de un cuerpo civil de seguridad. Sin embargo, las cifras de México son significativamente menores; entre 2022 y 2023 se registraron 54 bajas de oficiales superiores, lo que representa apenas el 0,03 % del total.

En Perú, la renuncia masiva de altos mandos en 2021 estuvo vinculada a la crisis política y a la falta de confianza en la administración de Pedro Castillo. Allí, la salida de 120 oficiales en un año provocó una revisión del esquema de sucesión y la implementación de un programa de capacitación acelerada.

Estos casos demuestran que la gestión de cambios en la alta dirección militar puede tener consecuencias de amplio alcance, tanto para la estabilidad interna como para la percepción internacional de la capacidad defensiva de un país.

Perspectivas a corto y mediano plazo

### 1. Revisión judicial y posible retroacción

Varios sindicatos militares, encabezados por la **Asociación de Oficiales del Ejército (AOE)**, han presentado recursos de tutela ante la Corte Constitucional, argumentando violaciones al debido proceso. La Corte, que en los últimos años ha mostrado una postura activa en casos de derechos laborales, podría ordenar la suspensión de algunos LCS y la reinstauración de oficiales cuya salida se considere irregular.

### 2. Ajustes en la normativa del LCS

El Ministerio de Defensa ya ha anunciado la creación de una comisión interinstitucional que incluirá a juristas, representantes del Ejército y miembros del Congreso para revisar el marco legal del LCS. Una posible reforma podría incluir la obligatoriedad de auditorías externas y la publicación de los criterios de evaluación en un registro público.

### 3. Implicaciones para la política de seguridad de Petro

El presidente Petro ha defendido su política de “cambio estructural” en la defensa, argumentando que la renovación de la élite militar es necesaria para alinear al Ejército con los objetivos de paz y desarrollo rural. Sin embargo, la falta de claridad en el proceso podría debilitar su agenda de seguridad, especialmente en el contexto de la negociación con grupos armados disidentes y la presión de la comunidad internacional para mantener la estabilidad en la región andina.

### 4. Reacción de la comunidad internacional

Estados Unidos, principal aliado en materia de seguridad, ha expresado preocupación por la “transparencia y la continuidad operativa” del Ejército colombiano. En una carta oficial enviada al Canciller de Relaciones Exteriores, se insta a que cualquier reestructuración respete los acuerdos bilaterales de cooperación antidroga y que no se comprometa la capacidad de respuesta del país frente a amenazas transnacionales.

Conclusión

La salida de 326 militares bajo la figura de llamamiento a calificar servicios en tan solo tres meses marca un hito en la política de defensa del gobierno Petro. Si bien la intención declarada de modernizar y reorientar las fuerzas armadas puede ser legítima, la forma en que se están aplicando los mecanismos legales abre un abanico de riesgos: desde la erosión de la confianza interna hasta la posible vulneración de la cadena de mando y la disminución de la capacidad operativa.

El país se encuentra en una encrucijada donde la necesidad de reformas estructurales debe equilibrarse con la garantía de procesos justos y transparentes. La respuesta del Poder Judicial, la revisión legislativa del LCS y la gestión de la percepción internacional serán determinantes para que esta ola de salidas no se convierta en una crisis de legitimidad para las Fuerzas Militares y, por ende, para la seguridad de Colombia y su rol en América Latina.

Veja também

→ Billones salvados: El nuevo régimen sancionatorio aduanero que cambiará el juego en Colombia

→ EN VIVO: ¿Qué implica la denuncia de Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella por la presunta financiación a las AUC?

→ ¿Reconocerá el petrismo los resultados del 21‑de‑junio? Gustavo Bolívar lo exige y la nación espera respuesta