El Fondo de Garantías de la Banca (FGA) lanzó esta semana una advertencia que ha encendido los focos en los mercados financieros y empresariales de la región: según sus propios datos, entre 2024 y 2025 se registró un aumento del **76 %** en las solicitudes de insolvencia. Si la tendencia continúa, el cierre de 2026 podría marcar un punto de inflexión para la economía colombiana y, por extensión, para varios países latinoamericanos que comparten dinámicas estructurales semejantes.

Una escalada inesperada: ¿qué significa el 76 %?

El salto de 76 % no se trata de un número abstracto. En términos absolutos, el FGA informó que las solicitudes de insolvencia pasaron de **3.200** casos en 2023 a **5 650** en 2025. Este incremento supera la media histórica de la última década, que se había mantenido rondando el **12 %** anual. La mayoría de los casos provienen de micro y pequeñas empresas (MIPYMES) del sector comercio y servicios, tradicionalmente vulnerables a los choques de liquidez.

Detrás de esta cifra se ocultan varios factores críticos:

1. **Tasas de interés reales en ascenso** – El Banco de la República ha elevado la tasa de política monetaria a 13,25 % en junio de 2024, frente al 10,75 % de diciembre de 2022. El costo del crédito se ha trasladado al sector productivo, encareciendo los pagos de capital y reduciendo la capacidad de reinversión.

2. **Presiones inflacionarias persistentes** – La inflación de precios al consumidor (IPC) cerró 2024 en 4,9 %, superando el objetivo del 3 % del Banco Central. Los aumentos de costos de materias primas y energía han mermado los márgenes de ganancia, empujando a muchas empresas a la situación de insolvencia.

3. **Endeudamiento estructural** – Según la Superintendencia Financiera, el nivel de endeudamiento consolidado del sector empresarial alcanzó **215 %** del PIB a finales de 2025, una cifra históricamente alta para una economía emergente.

El contexto colombiano y latinoamericano

Colombia ya mostraba señales de estrés antes de que el FGA publicara su informe. En 2023, la Superintendencia de Sociedades registró una tasa de cierre de procesos concursales del **11,4 %**, una de las más altas de la región, detrás de Brasil (13,2 %) y Argentina (12,7 %).

A nivel latinoamericano, el panorama es parecido. México reportó un incremento del 48 % en los expedientes de insolvencia entre 2023 y 2025, impulsado por la depreciación del peso y la incertidumbre política. En Chile, la ola de quiebras se vinculó directamente a la caída de los precios del cobre y a la reforma tributaria de 2024, que elevó la carga fiscal sobre las utilidades corporativas.

Sin embargo, Colombia posee algunas ventajas comparativas que pueden mitigar el impacto:

* **Un mercado interno robusto** – El consumo interno representa alrededor del 58 % del PIB, y la clase media emergente sigue expandiéndose, lo que genera un colchón de demanda ante la contracción del sector exportador.

* **Programas de restructuración** – El FGA ha implementado líneas de garantía de crédito que cubren hasta el 80 % del valor de los préstamos para empresas en proceso de reestructuración, lo que ha permitido a algunas MIPYMES obtener financiamiento de emergencia.

* **Diversificación de la cartera exportadora** – A diferencia de países más dependientes de una sola commodity, Colombia exporta café, flores, carbón, petróleo y productos manufacturados, lo que dispersa el riesgo frente a shocks externos.

Perspectivas a corto y mediano plazo

### 1. ¿Qué pasará si la tendencia sigue?

Si la curva de insolvencias mantiene su pendiente ascendente, la proyección del FGA indica que para diciembre de 2026 se podrían registrar **más de 8 500** solicitudes, lo que equivaldría a casi el 0,3 % del total de empresas activas en el país. Un escenario de esta magnitud tendría varios efectos colaterales:

* **Aumento del desempleo** – Cada empresa insolvente suele generar entre 5 y 12 empleos directos, sin contar los indirectos en la cadena de suministro. Un incremento de 3 000 cierres implicaría la pérdida de **30 000 a 36 000** puestos de trabajo.

* **Presión sobre el sistema financiero** – Los bancos podrían registrar un deterioro de la calidad de sus activos, elevando los índices de morosidad y, potencialmente, provocando mayores requerimientos de provisiones que afecten la oferta de crédito.

* **Reducción de la inversión extranjera** – La percepción de riesgo país se intensificaría, encareciendo el costo de financiamiento para proyectos de infraestructura y energía renovable.

### 2. Medidas de mitigación que están sobre la mesa

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Sociedades, ya ha anunciado un paquete de reformas que incluye:

* **Revisión del marco regulatorio de la reestructuración** – Simplificación de trámites y reducción de plazos para la aprobación de planes de pago.

* **Ampliación de garantías estatales** – Extensión del programa de “Garantía FGA Plus” a empresas con facturación anual de hasta 100 % del salario mínimo legal vigente, con el fin de cubrir a más PYMES.

* **Incentivos fiscales temporales** – Diferimiento del pago del impuesto a la renta para empresas que presenten un plan de reestructuración aprobado.

### 3. El rol del sector privado y de los bancos

Los bancos comerciales, que representan el 70 % del crédito total a empresas, están llamados a jugar un papel proactivo. Algunas entidades ya han creado “fondos de emergencia” internos para apoyar a clientes estratégicos, mientras que otras están explorando alianzas con fondos de capital privado para financiar procesos de recuperación.

Asimismo, las cámaras de comercio y los gremios empresariales pueden facilitar la difusión de buenas prácticas de gestión de riesgos, fomentando la adopción de herramientas de tesorería y de cobertura cambiaria que reduzcan la exposición a la volatilidad de los precios internacionales.

Conclusión: Entre la alerta y la oportunidad

El pronóstico del FGA no debe interpretarse como un presagio inevitable, sino como una señal de alerta que exige acciones coordinadas entre el Estado, el sector financiero y el empresariado. La magnitud del aumento del 76 % en solicitudes de insolvencia entre 2024 y 2025 revela vulnerabilidades estructurales que, de no atenderse, podrían traducirse en una crisis de confianza y en la pérdida de miles de empleos.

Sin embargo, la misma presión puede convertirse en motor de reformas que modernicen el sistema judicial concursal, fortalezcan los mecanismos de garantía y promuevan una cultura de resiliencia financiera. En un contexto latinoamericano donde varios países ya atraviesan procesos de ajuste, Colombia tiene la oportunidad de posicionarse como un caso ejemplar de gestión preventiva y de recuperación.

La pregunta que queda en el aire es: **¿está preparado el ecosistema empresarial colombiano para transformar este desafío en un punto de inflexión positivo antes de que el 2026 cierre sus puertas?** La respuesta dependerá de la rapidez y la contundencia de las medidas que se adopten en los próximos meses.

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*Por: [Nombre del Periodista]*
*ColombiaReal – Sección Economía*

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