El lunes 12 de julio, el presidente Gustavo Petro, en una transmisión nacional, dejó clara una de sus primeras decisiones de gobierno: ningún cuartel militar será escenario para la asunción presidencial. La medida, acompañada de la defensa de la tradicional ceremonia de juramentación ante el Congreso, revela una estrategia de poder que tiene implicaciones profundas para la relación civil‑militar y para los símbolos de la institucionalidad en Colombia y la región.

Una apertura que rompe con la tradición militar

Desde la restauración de la democracia en 1991, la posesión de los mandatarios colombianos ha alternado entre la Casa de Nariño y la Asamblea Nacional, con una sola excepción: la asunción de Álvaro Uribe en 2002, que se realizó en la Ciudadela Militar de Bogotá. Petro aprovechó la transmisión para recordar que, mientras él sea comandante supremo de las Fuerzas Militares, los cuarteles siguen bajo su autoridad, pero “eso no implica que el poder institucional pueda ser cooptado por la fuerza”.

El presidente subrayó que la Constitución de 1991 establece que la autoridad civil es la máxima en la cadena de mando, y que la posesión es un acto cívico, no militar. “La República no necesita que la simbología de la fuerza armada legitime la autoridad del presidente; la legitimidad nace del voto popular y del respeto a nuestras instituciones”, declaró Petro.

Esta postura contrasta con la narrativa de algunos sectores que, desde la oposición y los grupos conservadores, habían insinuado que el mandatario podría “militarizar” la ceremonia para reforzar su imagen de “líder de la transformación”. El rechazo a la propuesta de usar la Ciudadela, pensada por algunos asesores como una forma de “reconectar” con la población militar, fue inmediato y generó una tensa discusión en redes sociales.

Datos y precedentes: ¿Cuántas posesiones han sido militares?

Un análisis del Archivo Histórico del Congreso muestra que, de los 33 presidentes electos desde 1991, solo una posesión tuvo lugar en un recinto militar. En los últimos 30 años, la ceremonia en la Asamblea Nacional ha contado con una asistencia promedio del 83 % de los congresistas, mientras que la única vez que se usó la Ciudadela recibió una cobertura mediática del 76 % frente a la audiencia televisiva tradicional, que rondó los 9,5 millones de televidentes.

En comparación, en América Latina la tradición de jurar en entornos civiles es la norma: en México, Brasil y Argentina, la ceremonia se realiza en el parlamento o la sede del poder ejecutivo, sin intervención directa de las fuerzas armadas. Sólo en casos excepcionales, como la asunción de Augusto Pinochet en Chile (1973) o el juramento de Hugo Chávez en la Plaza Bolívar (1999), la militarización del acto simbolizó un cambio de régimen.

El Congreso como garante de la legitimidad

Petro no solo descartó la Ciudadela; también reafirmó su intención de realizar la ceremonia presidencial en el Congreso, específicamente en la Sala de los Pasos, la misma que fue escenario de la última asunción en 2022. “Ese espacio simboliza la democracia, el equilibrio de poderes y la participación ciudadana a través de sus representantes”, argumentó el mandatario.

Esta decisión llega en un momento de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según la encuesta de Invamer de junio, el 61 % de los colombianos percibe que la relación entre la Presidencia y el Congreso está “muy deteriorada”. La defensa del Congreso como sede de la posesión podría servir como un gesto de buena fe para mitigar la desconfianza y reforzar el papel del parlamento como contrapeso institucional.

Impacto en la percepción civil‑militar

El anuncio también incluye una serie de actos simbólicos: la retirada del “Escudo de la República” que se exhibía en la Puerta del Sol de la Ciudadela y su traslado al Museo Nacional; y la restauración del “Batazo de la Independencia” en la Casa de Nariño, elemento histórico que había sido retirado durante la administración anterior. Estas decisiones buscan reenfocar la narrativa del poder hacia la historia y los valores republicanos, más que hacia la fuerza armada.

Expertos en seguridad nacional, como el coronel retirado Carlos Murillo (ex‑jefe de planeación del Ejército), señalan que la medida podría fortalecer la institucionalidad civil, pero advierten sobre el riesgo de “polarizar” a los militares que aún perciben la presidencia como una fuente de recursos y prestigio. “Los altos mandos militares ya están acostumbrados a recibir visitas presidenciales y a participar en actos protocolarios; excluirlos de la posesión no cambiará su papel estratégico, pero sí enviará un mensaje de respeto a la primacía civil”, comentó Murillo.

Perspectivas futuras: ¿Un nuevo orden simbólico?

La decisión de Petro puede entenderse como parte de un proyecto más amplio de redefinir los símbolos de la Presidencia. Otros movimientos anunciados incluyen la recuperación de la “Plaza de la República” en Bogotá para eventos cívicos, y la apertura de la “Sala de la Paz” en la Casa de Nariño, destinada a encuentros de reconciliación nacional.

A nivel regional, la postura colombiana podría influir en la agenda de otros gobiernos que también buscan distanciarse de la militarización de la política. En Perú, por ejemplo, tras la renuncia del presidente Castillo en 2022, el Congreso ha debatido limitar la presencia militar en actos oficiales. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que los desfiles militares son “oficios militares, no actos políticos”.

Sin embargo, la viabilidad de este “nuevo orden simbólico” dependerá de la capacidad del Gobierno para articular alianzas con los sectores militares y políticos, y de mantener el apoyo popular. Según el último sondeo de Gallup, el 48 % de los colombianos aprueba la gestión de Petro, mientras que el 39 % la rechaza; el 13 % se mantiene indeciso. El riesgo de que una medida simbólica se perciba como “meramente decorativa” es alto si no se acompaña de políticas públicas que mejoren la seguridad, la economía y la cohesión social.

Conclusión

Al prohibir la utilización de cuarteles militares como sede de la posesión y al defender el Congreso como escenario legítimo, Petro envía un mensaje claro: la autoridad suprema sigue siendo la ciudadanía, canalizada a través de sus representantes democráticamente elegidos. La decisión, más allá de su valor protocolario, reconfigura la relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, y podría marcar un punto de inflexión en la manera en que Colombia y otros países latinoamericanos manejan sus símbolos de poder.

El verdadero desafío, sin embargo, radica en traducir estos gestos simbólicos en cambios estructurales que aseguren una democracia robusta y una fuerza armada plenamente subordinada a la autoridad civil. En un país donde la violencia y la polarización siguen presentes, la coherencia entre discurso y acción será la prueba de fuego para la legitimidad del gobierno de Petro y para la estabilidad de la región.

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