El Comité de Contratación del Estado (CCI) ha lanzado una alerta sin precedentes: el Gobierno debe liberar de inmediato cincocientos mil millones de pesos para evitar que 55 proyectos de infraestructura queden en pausa definitiva. La medida, que busca saldar deudas del Instituto Nacional de Vías (Invías) con contratistas, pone en jaque la agenda de desarrollo del país y genera incertidumbre en los mercados de obra pública y financiamiento.

Una emergencia fiscal que amenaza la agenda de infraestructura

Desde su creación, el Invías ha sido la entidad encargada de planificar, ejecutar y financiar la red vial nacional, pieza clave para la conectividad y el crecimiento económico. Sin embargo, la pandemia, la caída de los precios del petróleo y la lenta recuperación de la inversión privada dejaron al organismo con un déficit de liquidez que ha derivado en retrasos de pagos a contratistas.

Según el último reporte del Ministerio de Transporte, el Invías acumula **$642 mil millones en obligaciones impagas**, de los cuales $500 mil millones corresponden a 55 obras estratégicas que abarcan desde autopistas de cuota hasta puentes rurales. El CCI, cuyo rol es supervisar la contratación estatal y velar por la sostenibilidad financiera, ha indicado que, de no recibir el desembolso solicitado, esas obras podrían quedar paralizadas de forma indefinida, generando costos de oportunidad y sanciones contractuales que elevarían aún más la carga fiscal.

La urgencia del pedido radica en que, según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción, cada día de retraso en un proyecto vial implica una pérdida promedio de **$1,8 mil millones** en productividad nacional, al afectar el flujo de mercancías, la movilidad laboral y la competitividad de los sectores exportadores.

Datos duros: el costo real de la paralización

- **55 proyectos**: representan el **23 %** del total de obras viales programadas para 2024.
- **$500 mil millones** solicitados: equivalen al **1,4 %** del PIB colombiano (2023) y al **30 %** del presupuesto anual del Ministerio de Transporte.
- **Impacto económico**: la interrupción de estas obras provocaría una reducción estimada del **0,5 %** del crecimiento del PIB en 2025, según el Banco de la República.
- **Empleo**: alrededor de **15 000 puestos directos** y **45 000 indirectos** dependen de la continuidad de estos proyectos, según la Federación Colombiana de la Construcción.
- **Multas y penalizaciones**: los contratos incluyen cláusulas de "liquidated damages" que podrían elevar las obligaciones del Estado en **$120 mil millones** adicionales si se incumple con los plazos.

Estos números pintan un panorama inquietante: la falta de liquidez no solo paraliza obras; también desencadena una cascada de efectos negativos que repercuten en la balanza comercial, la generación de empleo y la confianza de inversionistas extranjeros.

Contexto regional: ¿estamos solos?

Colombia no es el único país latinoamericano que enfrenta tensiones entre la necesidad de infraestructura y la disponibilidad de recursos. En México, el Instituto Nacional de Infraestructura de Transportes (INTRT) tuvo que renegociar **$300 mil millones** de contratos de carreteras en 2022 por falta de pagos, lo que retrasó la finalización de la autopista del Sol. En Brasil, la Operación Logística 2023 reveló un déficit de **$1,2 billones** en obras de transporte, generando protestas de sindicatos de la construcción.

Sin embargo, la diferencia radica en la capacidad de cada gobierno para movilizar recursos. Mientras que Brasil ha recurrido a bonos de infraestructura respaldados por el Banco Central, México ha optado por alianzas público‑privadas (APP) con mayores garantías de pago. Colombia, por su parte, ha dependido históricamente de créditos internos y de la Tesorería General de la Nación, lo que la hace más vulnerable a choques de liquidez.

Esta situación subraya la necesidad de que el Gobierno colombiano reconsidere su modelo de financiación de la infraestructura, incorporando instrumentos como los bonos verdes, fondos de inversión estructurada y mayor participación del sector privado bajo marcos regulatorios claros.

Perspectivas y rutas a seguir

### 1. Liberar los $500 mil millones como medida de emergencia
El CCI propone un desembolso inmediato mediante la reasignación de partidas presupuestarias no comprometidas del Ministerio de Hacienda. Esta medida evitaría la paralización y reduciría los costos de penalizaciones contractuales. Además, permitiría reactivar la cadena productiva de la construcción, generando empleo y dinamismo económico a corto plazo.

### 2. Reestructurar la deuda del Invías
A mediano plazo, el Estado debe negociar una reprogramación de la deuda del Invías con los bancos locales, incluyendo la emisión de bonos de infraestructura con tasas preferenciales. Un esquema de “deuda estructurada” vinculado al flujo de ingresos de peaje garantizaría un repago sostenible y reduciría la presión sobre la Tesorería.

### 3. Impulsar alianzas público‑privadas (APP) con mayor certeza jurídica
Fortalecer el marco legal de las APP, incluyendo garantías de pago y mecanismos de resolución de conflictos, atraerá capital privado y mitigará la dependencia del presupuesto fiscal. En el caso de la autopista del Pacífico, una APP bien estructurada podría financiar hasta el **70 %** del costo total, aliviando la carga del Estado.

### 4. Crear un fondo de reserva para obras críticas
Aprendiendo de la experiencia de Chile, que cuenta con un “Fondo de Contingencia para Obras Públicas”, Colombia podría destinar un porcentaje del presupuesto anual a un fondo de reserva que cubra emergencias de liquidez, evitando paralizaciones de proyectos estratégicos.

Conclusión: la decisión que definirá el futuro de la infraestructura colombiana

El llamado del CCI no es una simple petición administrativa; es una señal de alarma que pone en juego la competitividad del país. La paralización de 55 proyectos representa no solo la pérdida de kilómetros de carretera, sino la interrupción de la cadena de valor de la construcción, el estancamiento de la movilidad de mercancías y la pérdida de miles de empleos.

Para evitar que la crisis de liquidez del Invías se convierta en una crisis estructural de la infraestructura nacional, el Gobierno debe actuar con rapidez, liberar los recursos solicitados y, simultáneamente, diseñar una estrategia de financiación a mediano y largo plazo que diversifique las fuentes de capital y fortalezca la gobernanza de los proyectos.

En un entorno regional donde la competencia por atraer inversión y mejorar la conectividad es cada vez más intensa, Colombia no puede permitirse perder terreno. La respuesta al clamor del CCI será, en última instancia, la medida que determine si el país avanza hacia una red vial moderna y resiliente, o si se queda atrapado en la inercia de la burocracia y la escasez de recursos.

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*Por *[Nombre del periodista]*, corresponsal de Economía en **ColombiaReal***.

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