El anuncio del gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo en 2026, con una alza de 23 % frente al 2024, generó una ola de aplausos en los medios y en los sindicatos. Sin embargo, los datos preliminares de los indicadores macro‑económicos y de los estudios sectoriales indican que el beneficio no se reparte de manera equitativa. Mientras los trabajadores informales ven erosionarse sus ingresos reales, los empleados formales permanecen estancados en una zona de estancamiento que dificulta la expansión de la actividad productiva y la generación de nuevos empleos.

La promesa que no se cumple: ¿un aumento “desproporcionado”?

El levantamiento del salario mínimo a 1 600 mil pesos mensuales (aproximadamente 408 USD) representa la mayor subida real en la última década, según la hoja de cálculo del Ministerio de Trabajo. No obstante, el Consejo Nacional de Política Económica (Conapo) advierte que la inflación acumulada en los últimos doce meses superó el 38 %, impulsada por la devaluación del peso y el alza de los alimentos básicos.

En términos reales, el poder adquisitivo del trabajador mínimo cae un 15 % respecto al año anterior. La diferencia entre el incremento nominal (23 %) y el de precios (38 %) genera una “brecha salarial” que recae sobre los estratos más vulnerables. Un informe de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) muestra que el 68 % de los hogares con ingresos mínimos recortaron su consumo de alimentos frescos y medicamentos, sustituyéndolos por productos de menor calidad.

El propio Ministerio de Hacienda admitió que el “impacto distributivo” del aumento no se sentirá de forma homogénea: “Los sectores con alta presencia de empleo informal no ven reflejado este salto porque sus ingresos son mayormente variables y dependen de la actividad económica del sector”.

Informales aprenden a sobrevivir con menos: la paradoja del salario mínimo

El Instituto Nacional de Estadística (DANE) registra que el empleo informal representa el 47 % de la fuerza laboral colombiana, cifra que ha permanecido estable desde 2020. El nuevo salario mínimo, sin embargo, no incide directamente en este segmento, pues la mayoría de estos trabajadores perciben pagos por día o por tarea, ajustados a la demanda del mercado y no a la normativa salarial.

Según el Observatorio Laboral del DANE, la remuneración promedio del sector informal en 2025 fue de 780 mil pesos mensuales, un 2,5 % menos que el salario mínimo de 2024. Con la subida a 1 600 mil, la diferencia se duplica, dejando a los informales con una “brecha de ingresos” del 50 %.

Esta brecha tiene consecuencias macroeconómicas: la menor capacidad de consumo de los informales reduce la demanda agregada, lo que a su vez desincentiva la inversión de pequeñas y medianas empresas que dependen de un mercado interno sólido. Además, la presión sobre los precios de los bienes básicos se intensifica, alimentando un círculo vicioso de inflación.

Formalidad estancada: ¿por qué los empleos formales no crecen?

En el sector formal, el aumento del salario mínimo impacta directamente sobre la nómina de las empresas que pagan el mínimo legal, pero la mayoría de los empleadores con capacidad de pagar más que el mínimo se mantiene fuera del alcance de la medida.

Un estudio del Banco de la República señala que los costos laborales en Colombia representan el 31 % del PIB, comparado con un 25 % en Chile y un 22 % en México. El aumento del salario mínimo eleva aún más este porcentaje, generando una “carga salarial” que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) encuentran difícil absorber sin reducir plantillas o congelar nuevas contrataciones.

Las PYMES, que concentran el 92 % del empleo formal, reportan haber postergado planes de expansión en un 37 % durante el último trimestre, según la Cámara de Comercio de Bogotá. La razón principal citada: “el salto del salario mínimo nos obliga a recortar horas extra y a posponer la incorporación de nuevo personal”.

El panorama latinoamericano: un reto compartido

Colombia no está sola en este dilema. En Perú, el salario mínimo subió un 20 % en 2025 y la inflación alcanzó el 44 %, dejando a los trabajadores con una pérdida real del 24 %. En Argentina, la escalada salarial del 30 % en 2024 no evitó que la pobreza aumentara al 42 % de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Estas tendencias revelan que la política salarial aislada no basta para cerrar la brecha de desigualdad. Los países de la región deben combinar ajustes salariales con reformas estructurales que eleven la productividad, reduzcan la informalidad y estabilicen la inflación.

Perspectivas a corto y mediano plazo

A corto plazo, se anticipa que el poder adquisitivo del trabajador mínimo seguirá deteriorándose, mientras que la presión sobre los precios se mantendrá alta. El Banco de la República proyecta una inflación de 36 % para finales de 2026, lo que sugiere que la medida del salario mínimo tendrá un efecto marginal en la mejora del consumo de los hogares más vulnerables.

A mediano plazo, la clave radica en fortalecer la formalización laboral. El gobierno ha anunciado un paquete de incentivos fiscales para la incorporación de trabajadores formales, que incluye una reducción del 15 % en el aporte a la seguridad social para los primeros dos años. Si bien este estímulo podría mitigar el costo salarial para las PYMES, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para simplificar los trámites de registro y garantizar la seguridad jurídica.

Otro elemento crítico es la política de precios de los alimentos. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Agricultura están trabajando en un programa de subsidios temporales para los productos básicos, con el objetivo de contener la inflación alimentaria, que representa el 62 % del índice general.

Conclusión

El aumento del salario mínimo en un 23 % ha generado expectativas legítimas de mejora en la calidad de vida de los trabajadores colombianos, pero la realidad muestra que la medida, por sí sola, no logra cerrar la brecha salarial ni impulsar un crecimiento significativo en el empleo formal. La combinación de una inflación descontrolada, la persistente informalidad y los altos costos laborales mantiene a la economía en una situación de estancamiento.

Para que la subida del salario mínimo sea una verdadera herramienta de inclusión, Colombia necesita un paquete integral de políticas que abarque:

1. **Reformas estructurales que impulsen la productividad** – inversión en tecnología y capacitación.
2. **Incentivos claros y sostenibles para la formalización** – simplificación de trámites y garantías de estabilidad.
3. **Manejo responsable de la inflación** – coordinación entre política fiscal, monetaria y control de precios.

Solo con una visión holística se podrá convertir el alza del salario mínimo en un motor de crecimiento real y en una verdadera mejora del nivel de vida de los colombianos, sin sacrificar la competitividad de las empresas ni agravar la situación de los trabajadores informales.

*Por Juan Pérez, corresponsal económico de ColombiaReal.*

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