El proyecto de ley que busca crear un nuevo “seguro vial” vinculado a la licencia de conducción está dando de qué hablar en el Congreso y entre los usuarios de la vía. La propuesta, que se suma al SOAT, pretende cubrir la responsabilidad civil de los conductores y autoriza a la autoridad de tránsito a verificar su cumplimiento a los seis meses de su puesta en marcha. A menos de un año de la votación, la iniciativa tocaría a casi 13 millones de colombianos con licencia activa. ¿Qué riesgos y oportunidades trae este giro legislativo?

Una medida que nace de la frustración con el SOAT

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) – vigente desde 1993 – ha sido el pilar de la protección a víctimas de siniestros viales en Colombia. Sin embargo, la percepción de que el seguro no garantiza una cobertura adecuada para los daños a terceros ha aumentado en los últimos años. Según la Superintendencia Financiera, en 2022 el 47 % de los reclamos al SOAT fueron reembolsados parcialmente, mientras que el 23 % fueron rechazados por supuestas exclusiones de la póliza.

Frente a esta insatisfacción, el senador José Raúl Cedrún (C), líder de la bancada liberal, presentó una iniciativa que añadiría a la legislación un **seguro adicional de responsabilidad civil**, cuyo pago estaría directamente vinculado a la expedición y renovación de la licencia de conducción. La idea, según el senador, es “garantizar que cualquier conductor que cause daño a un tercero cuente con los recursos necesarios para responder, sin depender exclusivamente del SOAT”.

El artículo controvertido propone que las autoridades de tránsito, a través de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vías (Invías), verifiquen el cumplimiento del seguro a los seis meses de su vigencia. De no contar con la póliza, el conductor podría enfrentar la suspensión de la licencia hasta que regularice su situación.

El alcance numérico y financiero de la medida

### Cifras que asustan

- **13 millones** de conductores con licencia activa estarían sujetos al nuevo seguro, según datos del Ministerio de Transporte (2024).
- El valor estimado del seguro ronda los **$150.000 COP** anuales por conductor, cifra basada en estudios de la Asociación Colombiana de Seguros (ACES).
- Si se adopta la propuesta, el mercado asegurador tendría que absorber aproximadamente **$1.95 billones de pesos** en primas nuevas al año.

### Impacto en la economía informal y en la movilidad

En zonas rurales y en sectores de la economía informal, muchos conductores no poseen los recursos necesarios para pagar dos seguros simultáneos. Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (enero‑2024) reveló que el **31 %** de los taxistas y mototaxistas en el Eje Cafetero dependen de ingresos diarios menores a $50.000 COP, lo que haría inviable la adquisición de un segundo seguro sin subsidios estatales.

Por otro lado, los gremios de transporte argumentan que la medida podría **elevar los costos de operación**, trasladándose a los usuarios finales en forma de tarifas más altas, peajes o precios de servicios de entrega. La Cámara de Comercio de Bogotá estima que un aumento del 10 % en los costos de seguros podría traducirse en un alza de $30.000 a $50.000 COP en tarifas de transporte urbano.

Comparación regional: ¿Qué hacen otros países?

En América Latina, varios estados ya cuentan con seguros de responsabilidad civil obligatorios adicionales al SOAT:

- **México**: desde 2019, los conductores de vehículos particulares deben adquirir un “seguro de daños a terceros” de cobertura mínima de $500.000 MXN, verificable mediante la base de datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
- **Argentina**: la Ley 27.018 obliga a los propietarios a contar con un “seguro de responsabilidad civil”, aunque la efectividad de la fiscalización es limitada y la cobertura suele ser más alta que el SOAT.
- **Chile**: no tiene un seguro adicional, pero sí exige que el SOAT cubra de forma integral los daños a terceros, lo que generó una reforma en 2021 que aumentó el valor de la prima en un 18 %.

En comparación, la propuesta colombiana parece más **intrusiva**, al conectar la vigencia del seguro con la propia licencia de conducción y al establecer una verificación obligatoria a los seis meses. Este mecanismo no tiene precedentes claros en la región y podría enfrentar desafíos de implementación y de defensa legal.

Perspectivas futuras y posibles escenarios

### 1. Aprobación y puesta en marcha

Si el proyecto de ley avanza y se aprueba en el próximo semestre, el Ministerio de Transporte tendría que crear una **plataforma de integración de datos** entre la entidad aseguradora y la base de datos de licencias. La inversión estimada para este sistema asciende a **$200 millones de pesos**, según la Contraloría General de la República. Además, se requerirían campañas de educación masiva para informar a los conductores sobre la nueva obligación.

### 2. Rechazo y renegociación

Los gremios de transporte, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y la Asociación Nacional de Transportadores (ANT) han anunciado su intención de presentar **vías de recurso** ante la Corte Constitucional, argumentando que el artículo viola el principio de igualdad y el derecho a la libre actividad. Un fallo adverso podría obligar al Congreso a reconsiderar la medida, tal vez reduciendo la prima o estableciendo **exenciones** para conductores de bajos ingresos.

### 3. Alternativas de subsidio y focalización

Una vía intermedia podría ser la **creación de un fondo de subsidio** para conductores de la economía informal, financiado por un pequeño aporte del sector logística o por una contribución del impuesto al consumo de combustibles. La propuesta del senador Cedrún contempla que el fondo cubra el 30 % de la prima para conductores con ingresos mensuales inferiores a $1.2 millones de pesos, lo que mitigaría el impacto social.

Conclusión: ¿Una reforma necesaria o una carga excesiva?

La intención de reforzar la protección a terceros en la vía es loable y responde a una necesidad palpable: la alta tasa de siniestralidad en Colombia, que alcanzó **2.895 fallecidos y 55.000 heridos** en 2023, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. No obstante, la forma de implementarla – mediante un seguro adicional obligatorio y una verificación estatal a los seis meses – plantea serios retos financieros y administrativos.

Para que la medida sea sostenible, será indispensable **articularla con políticas de subsidio, educación vial y mejora de la infraestructura**. De otro modo, el riesgo es que la carga recaiga desproporcionadamente sobre los conductores más vulnerables, generando una brecha de inequidad y, potencialmente, una mayor informalidad en el sector del transporte.

El debate está abierto y la ciudadanía colombiana deberá vigilar de cerca cómo evoluciona este proyecto, que podría marcar un antes y un después en la forma en que entendemos la responsabilidad vial en nuestro país y en la región.

*Por [Nombre del periodista], corresponsal de Política para ColombiaNews*