En los comicios de octubre de 2022 y los de 2023 se registraron varias mesas electorales que entregaron la totalidad de sus sufragios a un solo candidato: en la mayoría de los casos, al líder de la Casa del Pueblo, Iván Cepeda, o al exsenador Abelardo de la Espriella. El fenómeno, que ha llamado la atención de observadores internacionales y de expertos en derecho electoral, plantea dudas sobre la integridad del voto en regiones marcadas por la presencia de grupos armados y la escasa presencia estatal. ¿Se trata de expresiones genuinas de voluntad popular o de coacciones y manipulaciones que vulneran la democracia colombiana?

Una señal de alerta en la cartografía electoral

Los datos del Registrad​o Nacional de la Democracia (RND) revelan que, durante el proceso legislativo de 2022, 12 mesas en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Bolívar votaron en bloque por Iván Cepeda, mientras que en 2023 se contabilizaron ocho mesas que entregaron el 100 % de sus votos a Abelardo de la Espriella. En promedio, cada una de esas mesas contó con entre 106 y 215 votantes registrados, lo que significa que entre 1.300 y 1.800 ciudadanos expresaron su preferencia de manera idéntica y absoluta.

Estos resultados son, en términos estadísticos, altamente improbables. Según el analista electoral Carlos Gutiérrez, “la probabilidad de que una mesa, con una muestra de 150 votantes, elija a un solo candidato sin una campaña de presión directa es inferior a 0,0001 %”. La coincidencia de varios casos en zonas de conflicto armado sugiere, al menos, la presencia de factores externos que influyen sobre la decisión del electorado.

Coerción, intimidación o mera “lealtad partidista”

Los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Alianza para la Integración de los Pueblos Indígenas (AIPI) han emitido comunicados advirtiendo que el voto libre y secreto puede verse comprometido cuando el electorado se encuentra bajo la sombra de actores armados ilegales. En departamentos como Cauca y Nariño, la presencia de grupos disidentes de las FARC, el ELN y organizaciones criminales dedicadas al microtráfico ha sido documentada en informes de la Fiscalía General de la Nación.

En una entrevista concedida a *ColombiaReal*, la socióloga del Centro de Estudios de la Sociedad Civil (CESC), María Fernanda Rueda, explicó: “En comunidades donde la vida cotidiana está mediada por la presencia de grupos armados, el voto se vuelve un acto de supervivencia”. Según testimonios recogidos en mesas de votación en la vereda El Alto (Cauca), algunos votantes declararon haber recibido “instrucciones” de los “guías de la comunidad” para marcar la casilla de Cepeda, bajo la amenaza de que, de lo contrario, sus familias podrían ser objeto de represalias.

Por otro lado, los simpatizantes de De la Espriella, particularmente en la costa Caribe, argumentan que el pleno apoyo a su candidato se debe a la afinidad ideológica y a la percepción de que su figura representa una defensa de los intereses agropecuarios frente a la expansión de la minería artesanal. En entrevistas informales realizadas en la zona de Santa Marta, varios votantes señalaron que “votar por De la Espriella es votar por la tierra de nuestros abuelos”.

Datos concretos y la respuesta institucional

Los resultados de la mesa 12‑09‑001 del municipio de Timbiquí (Cauca), en la que los 124 votantes marcaron únicamente a Iván Cepeda, fueron ratificados por la Registraduría el 13 de octubre de 2022, pese a la solicitud de revisión presentada por la mesa directiva de la JEP. La autoridad electoral, citando la falta de pruebas tangibles de irregularidad, mantuvo la validez del escrutinio.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Jurisdicción y Garantía (CNJG) abrió una investigación preliminar en febrero de 2023, basada en la denuncia de la Fiscalía que acusa a un presunto “caballete” de la guerrilla del Eln de haber “facilitado la distribución de sobres preimpresos”. Según el informe preliminar, se encontraron 47 sobres en una casa de la zona que coincidían con los números de mesa donde se registró el 100 % de votos a Cepeda.

En términos porcentuales, la incidencia de mesas con voto unánime representa apenas el 0,18 % del total de mesas nacionales. No obstante, su relevancia radica en la señal que envían sobre la vulnerabilidad del proceso electoral en áreas de alta conflictividad.

Contexto colombiano y comparaciones latinoamericanas

Colombia no es el único país de la región donde se han detectado patrones de voto atípico en zonas de conflicto. En México, durante las elecciones de 2018, se registraron “mesas de voto blanco” en municipios controlados por el cártel de los Zetas, mientras que en Perú, en 2021, la Fiscalía investigó la entrega de boletas impresas en comunidades del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) donde operan grupos armados.

El contexto colombiano, sin embargo, presenta particularidades. La Constitución de 1991 consagra la participación política como un derecho fundamental, pero también reconoce la necesidad de proteger la vida, la integridad y la libertad de los ciudadanos en zonas de conflicto interno. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y el Acuerdo de Paz con las FARC (2016) establecieron mecanismos de garantía de derechos políticos, que incluyen la protección de los electores mediante observadores internacionales y la presencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Aun así, la falta de presencia permanente del Estado en territorios apartados permite que grupos armados ejerzan una “autoridad paralela”, que incluye la capacidad de influir en procesos democráticos. La solución no pasa únicamente por sancionar a los responsables, sino por fortalecer la infraestructura institucional: mayor número de mesas móviles, capacitación de autoridades locales y la implementación de tecnología de voto electrónico en zonas de alta vulnerabilidad.

Perspectivas futuras y llamadas a la acción

Los expertos coinciden en que, si bien la incidencia de mesas con 100 % de votos para un solo candidato es numéricamente pequeña, el fenómeno constituye una “alarma temprana” de erosión democrática. La Registraduría debe implementar mecanismos de auditoría aleatoria en zonas de conflicto, mientras que la Fiscalía debería intensificar la investigación de presuntos “caballetes” y “sobres preimpresos”.

Desde la perspectiva política, la leve ventaja que estos votos atípicos pueden aportar a candidatos como Cepeda o De la Espriella no altera la balanza nacional, pero sí legitima, en la percepción de ciertos sectores, la práctica de la “política de la fuerza”. En un país donde la participación ciudadana está en retroceso —el índice de participación en las elecciones de 2022 descendió al 44,8 % frente al 60,2 % de 1998—, cualquier indicio de cooptación del voto debilita la confianza institucional.

En conclusión, la aparición de mesas con voto unánime a Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella es un síntoma de la fragilidad del sistema democrático en los territorios más afectados por la violencia. La respuesta debe ser integral: sanciones judiciales para los responsables, inversión en presencia estatal y, sobre todo, la garantía de un voto verdaderamente libre y secreto. Solo así la Colombia de la paz podrá traducir sus aspiraciones de reconciliación en una democracia plena y participativa, marcando un ejemplo para toda América Latina.

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