La polémica estalló tras la publicación de un video en una cuenta de seguidores del candidato de la extrema derecha, Carlos De la Espriella, que mostraba los desplazamientos del reconocido periodista Daniel Coronell. En menos de 24 horas, la pieza viral encendió los ánimos de defensores de la libertad de prensa y de los partidos opositores, que acusan al equipo de campaña de “perfilamiento” y de crear una atmósfera de intimidación a pocos días de la segunda vuelta electoral. La controversia no solo reaviva viejos temores sobre la censura en Colombia, sino que también pone en jaque la credibilidad de los procesos democráticos en América Latina.

El gatillo de la polémica: un video que desborda

A las 18 h del pasado lunes, la cuenta “Voces de la Gente Con De la Espriella” (con más de 120 mil seguidores) compartió un video de 45 segundos obtenido de una aplicación de rastreo de movilidad. En él, se observan los recorridos de Daniel Coronell por Bogotá durante una semana, con marcas de GPS que indican cada parada en sus actividades profesionales y personales. La publicación, acompañada del mensaje “Así se mueve quien critica al futuro presidente”, fue rápidamente replicada por medios tradicionales, redes sociales y organismos internacionales de derechos humanos.

El propio Coronell, a través de su cuenta de Twitter, respondió con un comunicado en el que calificó la acción de “una maniobra de intimidación” y señaló que “la vigilancia de los periodistas es una forma de silenciar la crítica”. La respuesta del equipo de De la Espriella, por su parte, argumentó que la información era “pública y de interés” porque proviene de datos de movilidad compartidos por la autoridad de tránsito bajo la normativa de la Ley 1266 de 2008 (protección de datos personales).

Análisis profundo: ¿perfilamiento o vigilancia legítima?

El término “perfilamiento” adquiere un matiz alarmante cuando se usa en el contexto de los medios. Consiste en la recolección sistemática de datos personales de individuos o grupos, con el fin de predecir, influir o controlar sus conductas. En Colombia, el artículo 15 de la Constitución prohíbe la vulneración del derecho a la intimidad, y la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) establece que el tratamiento de datos sensibles requiere consentimiento expreso.

En este caso, la defensa del candidato sostiene que los datos de movilidad fueron obtenidos de forma anónima y publicados bajo la excusa del “interés público”. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso notificó que la difusión de la ubicación exacta de un periodista podría vulnerar su seguridad y limitar su libertad de expresión, configurando una práctica de “acecho digital” — una modalidad de hostigamiento que ha escalado en la región tras la proliferación de plataformas de vigilancia masiva.

Un estudio de la Universidad Nacional (2023) reveló que el 68 % de los periodistas colombianos siente presión por parte de actores políticos para moderar sus críticas, y que el 22 % ha sido objeto de seguimiento de sus movimientos. Estas cifras, aunque no demuestran una causalidad directa, subrayan la vulnerabilidad del profesi­ón en contextos polarizados.

Datos concretos que avalan la inquietud

- **Número de visualizaciones:** El video alcanzó 1,3 millones de reproducciones en 48 horas, con una tasa de interacción del 12 % (likes, comentarios y compartidos), lo que indica una alta resonancia entre la ciudadanía.
- **Reacción institucional:** La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) emitió una alerta respecto a la posible vulneración de la Ley de Protección de Datos, y la Procuraduría General abrió una investigación preliminar por “uso indebido de información personal”.
- **Comparativa regional:** En México, la Fiscalía General reportó en 2022 más de 150 casos de “caza de periodistas” mediante rastreo digital; en Brasil, el Ministerio Público Federal denunció 84 denuncias de acoso a comunicadores en 2023. Colombia no parece ser la excepción.

Contexto colombiano y latinoamericano: un retroceso preocupante

Colombia ha sido históricamente un escenario de tensiones entre poder político y libertad de prensa. Desde los años 80, cuando los carteles de la droga intentaron silenciar a los medios, hasta los recientes intentos de censura bajo gobiernos de derecha, la relación siempre ha sido tensa. En 2020, la Procuraduría informó que 42 periodistas fueron objeto de amenazas físicas o de ciberacoso; en 2022, la organización Reporteros Sin Fronteras clasificó a Colombia en el puesto 94 de 180 países en índice de libertad de prensa, señalando “riesgos crecientes para los periodistas en épocas electorales”.

En el plano latinoamericano, la práctica de perfilamiento político ha resurgido con la expansión de tecnologías de vigilancia. Países como Perú y Chile han visto a sus gobiernos usar bases de datos electorales para “segmentar” a la oposición, mientras que en Venezuela la identificación de críticos a través de teléfonos móviles se ha convertido en una herramienta de represión. La situación de Coronell, por tanto, no se encuadra como un caso aislado sino como parte de una tendencia regional que combina datos abiertos, discurso polarizador y tácticas de intimidación.

Perspectivas futuras: ¿se perfila la democracia?

Con la segunda vuelta presidencial programada para el 29 de octubre, la sombra de este escándalo podría influir en la percepción de los votantes sobre la integridad del proceso. Los analistas de la Universidad de los Andes advierten que la “cultura de la sospecha” generada por el perfilamiento digital puede erosionar la confianza en instituciones y motivar la abstención; el último sondeo de Invamer muestra que el 27 % de los encuestados considera que “las campañas electorales están cada vez más sucias”.

Si bien el equipo de De la Espriella podría intentar neutralizar la polémica con argumentos legales, la presión de organismos internacionales —como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente emitió una resolución sobre la protección de periodistas en contextos de conflicto— podría obligar a una mayor transparencia. Asimismo, la sociedad civil está movilizando peticiones para que el Congreso actualice la normativa de protección de datos, incluyendo cláusulas específicas para salvaguardar a los comunicadores.

En el escenario político, la oposición ya ha anunciado una serie de protestas y un llamado a la “vigilancia ciudadana” contra el uso indebido de datos personales. Por otro lado, los partidos que respaldan a De la Espriella podrían intentar desviar la conversación hacia la “seguridad ciudadana” y la supuesta “transparencia” de los movimientos de los periodistas, una estrategia que ha funcionado en campañas previas.

Conclusión

El caso del supuesto perfilamiento a Daniel Coronell abre una grieta en la ya delicada relación entre poder y prensa en Colombia. Más allá de la disputa electoral, la difusión de información de ubicación de periodistas constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho a la intimidad, pilares esenciales de cualquier democracia. La respuesta institucional, la presión de la sociedad civil y la capacidad de los medios para denunciar estos actos determinarán si Colombia logrará contener esta corriente autoritaria o si, como en otros países de la región, la intimidación digital se consolida como una nueva arma política. En cualquier caso, la ciudadanía debe estar atenta y exigir que la lucha por la libertad de prensa continúe siendo una prioridad, sobre todo cuando el futuro del país se decide en las urnas.

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