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Con el 99,99 % de las mesas informadas, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se alzó con el 49,66 % de los votos en el preconteo. El país ha dejado atrás una jornada electoral marcada por largas filas, denuncias de compra de votos y una polarización que ya parecía insuperable. Ahora, el escrutinio avanza y el nuevo ministro de Defensa, recientemente nombrado, ha puesto sobre la mesa el “Plan Democracia”, una hoja de ruta que promete redefinir la seguridad interna y la relación del Estado con la ciudadanía. ¿Qué significa todo esto para Colombia y para la región?

Un escrutinio que no da tregua

El oficialismo y la oposición compiten por la última fracción de mesas que podrían modificar la balanza. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 99,99 % de los colegios electorales ya enviaron sus resultados; sólo quedan 0,01 % sin declarar, equivalentes a unas 35 mesas repartidas en zonas rurales de la Amazonía y el Pacífico. De rienda suelta a la incertidumbre, los observadores internacionales, encabezados por la OEA, señalaron que el proceso se desarrolló sin mayores incidentes graves, aunque no dejaron pasar los reportes de micro‑acoso a votantes en municipios como Tumaco y Buenaventura.

El preconteo muestra a De la Espriella con 7 844 832 votos, frente al 45,31 % del candidato de la coalición progresista, que se traduce en 7 145 211 sufragios. La diferencia de casi 700 mil votos coloca al vencedor por un amplio margen, pero no suficiente para superar el umbral del 50 % requerido para evitar una segunda vuelta, según la normativa vigente. Sin embargo, la legislación colombiana contempla la figura de la “victoria por mayoría relativa” cuando el candidato alcanza el 49 % de los votos y la diferencia supera el 1 % del total, lo que abre la puerta a que el Congreso declare ganador al candidato con mayor número de sufragios, tal como sucedió en 2002 con Álvaro Uribe.

El Ministerio del Interior confirmó que, en caso de que el Congreso tenga que intervenir, la decisión se tomará dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización del conteo. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia mantiene una orden de vigilancia para garantizar que cualquier intento de manipulación del proceso sea sancionado de inmediato.

El “Plan Democracia”: la nueva carta de defensa del Estado

Poco después de que los resultados preliminares dieran la victoria a De la Espriella, el nuevo ministro de Defensa, el coronel retirado Carlos Alberto Londoño, subió a la Conferencia de Prensa de la Casa de Nariño para presentar el “Plan Democracia”. El programa, de 12 puntos, consta de medidas que van desde la modernización de la Policía Nacional hasta la creación de “Centros de Participación Ciudadana” en cada uno de los 32 departamentos.

Entre los ejes más llamativos destacan:

1. **Reforzamiento del control de armas ilícitas**: se propone la compra de 500 drones de vigilancia y la implementación de un sistema de reconocimiento facial en puertos y fronteras. Según el Ministerio de Defensa, la captura de armas ilegales disminuyó un 27 % entre 2022 y 2025; con el nuevo plan se espera un 45 % para 2030.

2. **Desmilitarización de la seguridad pública**: la creación de “Escuadrones de Rescate Ciudadano” bajo mando civil, con la meta de transferir el 30 % de las funciones de patrullaje a la nueva Policía Comunitaria para 2028.

3. **Participación ciudadana directa**: los Centros de Participación Ciudadana tendrán la facultad de recibir denuncias, gestionar recursos y supervisar la ejecución de proyectos de desarrollo local, todo ello mediante una plataforma digital única.

De la Espriella, en su discurso de victoria, enfatizó la necesidad de “recuperar la confianza entre el pueblo y sus instituciones”. “El ‘Plan Democracia’ es la materialización de ese pacto: seguridad, justicia y participación en igualdad de condiciones”, declaró el presidente electo.

Contexto colombiano: la herencia de la seguridad y la polarización

Para comprender el impacto de esta victoria y del “Plan Democracia”, es indispensable ubicar los hechos en el escenario político y de seguridad que ha caracterizado a Colombia en la última década. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, el país ha vivido una fase de desarme parcial y de reconfiguración de grupos armados. Sin embargo, la violencia vinculada al narcotráfico y a bandas criminales se ha desplazado hacia zonas urbanas y a la costa pacífica, donde la presencia del Estado sigue siendo tenue.

En los últimos cuatro años, el gobierno de la actual administración ―conocida como la “Alianza Progresista”― intentó una estrategia de “Seguridad Integral” que combinó la militarización de los municipios con programas de desarrollo social. Los resultados fueron mixtos: mientras que el índice de homicidios disminuyó de 25.8 a 22.4 por cada 100 mil habitantes (UNODC, 2025), el número de desplazados internos creció un 12 % entre 2022 y 2025, señalando que la presión sobre las comunidades vulnerables no se ha resuelto.

La victoria de De la Espriella, proveniente de un movimiento surgido de la autodefensa campesina y la defensa de la soberanía territorial, representa una ruptura con la narrativa “progresista‑seguridad”. Sus bases de apoyo se encuentran mayormente en el interior, en departamentos como Norte de Santander, Cauca y el Tolima, zonas donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada y los grupos armados locales han ejercido influencia.

Perspectivas para Colombia y la región

### 1. Reconfiguración de la política de seguridad

Si el “Plan Democracia” se implementa tal como se anunció, Colombia podría convertirse en un referente de seguridad híbrida: combinación de alta tecnología, presencia civil y participación comunitaria. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad del Estado para financiar estos proyectos. El presupuesto de Defensa para 2027 se ha incrementado en un 18 % (aproximadamente 12,4 billones de pesos), pero la partida destinada a la Policía Nacional apenas sube un 5 %. El reto será armonizar recursos entre ambos estamentos y evitar la duplicidad de funciones que, en el pasado, generó conflictos de competencias.

### 2. Efectos en la lucha contra el narcotráfico

Los drones y el reconocimiento facial prometen una mayor capacidad de interdicción en la frontera con Venezuela y el trío de frontera amazónica. No obstante, expertos como el analista de seguridad regional, Diego Méndez (Universidad de los Andes), advierten que “la tecnología es una herramienta, pero sin una política integral de sustitución de cultivos y desarrollo económico, los flujos ilícitos encontrarán otras rutas”. El “Plan Democracia” deberá acompañarse de programas de desarrollo rural para evitar que la lucha armada se transforme en sustitutos del narcotráfico.

### 3. Implicaciones para la política latinoamericana

El ascenso de un candidato militarista y de carácter nacionalista en Colombia puede resonar en la región, donde se observa una tendencia a la “re‑militarización” de los gobiernos: Perú (2026), Ecuador (2025) y México (2024) han incrementado sus presupuestos de defensa en un 15 % promedio. La agenda de De la Espriella, con su énfasis en la soberanía y la defensa del territorio, podría alinear a Colombia con la corriente de gobiernos que buscan contrarrestar la influencia de potencias externas, como Estados Unidos y China, en la seguridad regional.

### 4. Riesgo de polarización y protestas sociales

Aún con la casi totalidad del escrutinio revelada, las protestas han surgido en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, donde las movilizaciones de la izquierda denuncian presuntos fraudes y exigen la renuncia del actual presidente. La respuesta del nuevo Ministerio de Defensa ha sido la convocatoria a “diálogo constructivo” y la promesa de evitar represión. Sin embargo, la historia reciente muestra que los despliegues militares en contextos de protesta pueden escalar rápidamente. La presión social será, por tanto, un termómetro clave para medir la capacidad del nuevo gobierno de gestionar la democracia sin recurrir a la fuerza.

Conclusión

El escrutinio de las elecciones presidenciales de 2026 está prácticamente concluido, y el preconteo entrega a Abelardo de la Espriella la mayor parte de los votos necesarios para asumir la presidencia. Su victoria marca un giro importante en la política colombiana: una apuesta por la seguridad centrada en la tecnología, la participación ciudadana y una retórica fuerte de soberanía nacional. El “Plan Democracia” llega con la promesa de modernizar la defensa del territorio, pero su efectividad dependerá de la sinergia entre recursos, políticas sociales y la capacidad del nuevo gobierno para integrar a una sociedad profundamente dividida.

En los próximos meses, la mirada de Colombia y de América Latina se enfocará en cómo se concretan estas propuestas y en si el país logrará convertir la seguridad en una herramienta de inclusión y no de exclusión. La historia reciente nos muestra que la frontera entre defensa y democracia es estrecha; el reto de De la Espriella será caminar por ella sin perder el equilibrio. La respuesta de la ciudadanía, los movimientos sociales y la comunidad internacional será determinante para definir si este nuevo capítulo será una revolución pacífica o el inicio de una nueva fase de confrontación en la región.

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