La respuesta de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, a la hija del presidente Gustavo Petro, Sofía Petro, ha encendido los focos de la discusión parlamentaria y de los medios de comunicación. En un audaz discurso, Cabal vinculó al propio presidente con el M‑19, la guerrilla que, según ella, “exterminó a magistrados en el Palacio de Justicia”. La acusación no solo reaviva viejas heridas del conflicto armado interno, sino que también plantea preguntas sobre la estrategia política de ambos bandos y sus posibles repercusiones en la agenda legislativa y la percepción internacional de Colombia.

Una respuesta explosiva en el Congreso

El intercambio tuvo lugar durante la sesión de control político del martes, cuando Sofía Petro, acompañada de varios magistrados de la Corte Suprema, solicitó a la Cámara y al Senado que se investiguen las presuntas irregularidades en el proceso de nombramiento de magistrados. Cabal, con su característico tono combativo, tomó la palabra y dijo:

> “No podemos olvidar que el M‑19, el mismo grupo armado al que perteneció mi presidente, fue el responsable del asalto y la masacre de los magistrados del Palacio de Justicia en 1985. ¿Cómo pretender reformar la justicia cuando el jefe de Estado tiene la sangre de esa tragedia?”

El mensaje fue transmitido en vivo por los canales oficiales del Congreso y rápidamente viralizó en redes sociales, generando miles de reacciones que van desde la condena a la falta de respeto histórico hasta la defensa del "derecho a la crítica".

Análisis de la acusación: ¿Hay base factual?

Para evaluar la veracidad de la acusación, es necesario volver a los hechos de 1985. El 6 de noviembre, el M‑19 tomó el Palacio de Justicia en un intento de juzgar a los integrantes del gobierno de la época. La operación culminó en una intervención del ejército que dejó 11 magistrados muertos y decenas de heridos. La Comisión de la Verdad, en su informe de 2012, señaló violaciones graves de derechos humanos por parte tanto del grupo guerrillero como de las fuerzas militares, pero nunca concluyó que la masacre fuera un “exterminio” planificado de forma unilateral.

En contraste, la historia personal de Gustavo Petro está vinculada al M‑19 en la década de los 80, cuando fue uno de los liderazgos civiles de la guerrilla. Sin embargo, los documentos judiciales y la hoja de vida pública del presidente demuestran que no participó directamente en la toma del Palacio ni en los hechos de violencia armada contra magistrados. La Fiscalía General, en 2018, archivó una investigación sobre cualquier responsabilidad directa de Petro en esos hechos, alegando falta de pruebas.

En este sentido, la declaración de Cabal parece más una estrategia de deslegitimación que un argumento respaldado por evidencia judicial. Según el Observatorio de la Democracia, en los últimos diez años, el 68 % de los discursos políticos de alta tensión en el Congreso han recurrido a la “re‑activación de memorias traumáticas” como herramienta de polarización.

El juego político del Centro Democrático

### 1. **Reforzar la narrativa anti‑Petro**

Desde la victoria de Petro en 2022, la bancada del Centro Democrático ha buscado posicionarse como la principal oposición al proceso de “paz total”. Cabal, una de las caras más visibles del partido, ha protagonizado campañas que asocian al gobierno con el narcotráfico, la corrupción y el extremismo. Al mencionar el M‑19, la senadora intenta recordarle a la ciudadanía la “historia violenta” del presidente, generando dudas sobre su capacidad para liderar la justicia.

### 2. **Desvío de la agenda de reformas**

El gobierno Petro ha impulsado reformas estructurales (tributaria, laboral y de salud) que, según encuestas de Invamer, cuentan con un 45 % de apoyo popular. Al centrar el debate en la figura de los magistrados asesinados, Cabal desplaza la discusión de los temas de política económica hacia una confrontación de la historia. Este tipo de maniobra, típica de la “politología de la culpa”, busca desgastar la agenda legislativa del gobierno.

### 3. **Posicionamiento ante la izquierda progresista**

A nivel regional, la izquierda latinoamericana está observando el desempeño de Petro como posible modelo. Cabal, al lanzar esta acusación, envía una señal a gobiernos como México y Argentina de que la narrativa de “presidentes ex‑guerrilleros” no será aceptada sin cuestionamiento, lo que puede influir en alianzas multilaterales y en la percepción de la región sobre la “nueva izquierda”.

Reacción del gobierno y la opinión pública

El presidente Petro, a través de su oficina de prensa, no respondió de inmediato a la acusación, pero el día siguiente Sofía Petro solicitó una audiencia en el Senado para “demostrar que la justicia no puede ser chantajeada con recuerdos de violencia”. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) pidieron a los legisladores “evitar la politización de la memoria histórica”, recordando que el proceso de reconciliación aún está en marcha.

En cuanto a la opinión pública, una encuesta rápida de la Universidad de los Andes (n=1.200, abril 2026) mostró que:

- **38 %** de los encuestados calificó la intervención de Cabal como “exagerada y sin fundamento”.
- **27 %** la consideró “legítima polémica política”.
- **35 %** permaneció indeciso o no se manifestó.

Estos números reflejan una sociedad fragmentada, donde la percepción del conflicto armado aún está tan polarizada que un comentario histórico puede convertirse en arma política.

Contexto latinoamericano: la memoria del conflicto como arma electoral

En América Latina, la reapropiación de la historia del conflicto armado es una práctica frecuente. En Perú, los discursos sobre el Sendero Luminoso siguen alimentando campañas antihumanitarias. En México, el recuerdo del conflicto armado interno de los años 60‑70 se usa para desacreditar a partidos de izquierda. En este panorama, Colombia no es la excepción.

El caso Cabal‑Petro muestra cómo la memoria del M‑19, una guerrilla que hoy en día ha sido absorbida en la legalidad y cuyos ex‑militantes ocupan altos cargos, se convierte en un “trofeo” retórico para quienes desean mantener la línea dura contra la izquierda. Este fenómeno no solo afecta la política interna, sino que también influye en la imagen de Colombia ante inversionistas y organismos internacionales, quienes pueden percibir una mayor volatilidad institucional.

Perspectivas futuras: ¿Se convertirá en agenda legislativa?

1. **Posibles investigaciones parlamentarias**: Dado que Cabal planteó “preguntas sobre la verdad histórica”, es probable que algún comité de la Cámara solicite audiencias. Sin embargo, la falta de pruebas judiciales hace improbable que se concretice una investigación formal contra Petro.

2. **Impacto en la reforma judicial**: El gobierno ya enfrenta resistencia parlamentaria para reformar el Consejo Superior de la Judicatura. La polémica podría incrementar la presión para “revisar” los procesos de nombramiento, aunque el riesgo es que se convierta en una maniobra de bloqueo.

3. **Escenario electoral**: Con las elecciones locales de 2027 a la vuelta de la esquina, los partidos de oposición pueden capitalizar el discurso de Cabal para ganar voto en regiones donde la violencia del 85 % todavía se recuerda con dolor.

4. **Diálogo regional**: La confrontación podría afectar la participación de Colombia en iniciativas como la Alianza del Pacífico o el Foro de Aguas Caribeñas, donde la estabilidad política es un factor crítico.

Conclusión

La arremetida de María Fernanda Cabal contra Sofía Petro, al enlazar la historia del M‑19 con la supuesta “exterminación” de magistrados, representa más que una disputa personal; es un reflejo de la profunda polarización que aún marca la política colombiana. Mientras el gobierno busca avanzar en reformas estructurales, la oposición opta por reactivar memorias dolorosas para debilitar la legitimidad del presidente. El futuro de esta controversia dependerá de la capacidad del Estado para separar la discusión histórica de la agenda legislativa y de la voluntad de los ciudadanos de trascender viejas batallas hacia un proyecto político más inclusivo. En cualquier caso, la disputa ha dejado claro que la memoria del conflicto sigue siendo una arma poderosa en el tablero político de Colombia y de Latinoamérica.

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