La magistrada del Consejo de Estado, Cristina Lombana, negó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de la congresista Martha Peralta, quien permanece bajo medida de custodia mientras avanza la indagatoria del escándalo UNGRD. La decisión judicial, emitida tras una audiencia en el Juzgado de Bogotá, reaviva el debate sobre la independencia judicial, la inmunidad parlamentaria y la lucha contra la corrupción en Colombia. ¿Qué consecuencias tendrá este hecho para la credibilidad de las instituciones y la percepción ciudadana sobre la política nacional?

Una apertura que sacude el Congreso

La detención preventiva de Martha Peralta, exdiputada del Partido Liberal, se dio a conocer el pasado 10 de junio, cuando la Fiscalía General presentó una orden de captura por presuntos delitos de apropiación indebida y financiación ilícita de campaña vinculados al caso del Grupo Empresarial UNGRD. Desde entonces, la exlegisladora ha sido objeto de intensas investigaciones que incluyen la auditoría de varios contratos de obra pública adjudicados a empresas del consorcio antes mencionado.

Tras la captura, la defensa de Peralta interpuso una acción de habeas corpus ante el Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá, alegando vulneración de su inmunidad parlamentaria y la falta de pruebas contundentes que justificaran la medida cautelar. La magistrada Lombana, en un fallo de 14 páginas, argumentó que “existen elementos de convicción que hacen patente la existencia de un riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación”, y que la gravedad de los cargos supera cualquier consideración de privilegio institucional.

Análisis profundo: ¿Por qué la magistrada se mantuvo firme?

### Evidencia documental y financiera

El expediente de la Fiscalía contiene más de 3 mil documentos, entre los cuales destacan:

- **Registros bancarios** que demuestran transferencias de más de 1.100 millones de pesos entre cuentas vinculadas a Peralta y sociedades fachada de UNGRD.
- **Contratos de obra** adjudicados sin licitación, que superan los 850 millones de pesos, y cuya ejecución presenta irregularidades señaladas por la Contraloría General.
- **Testimonios de ex empleados** del grupo empresarial que afirman haber recibido presiones para canalizar recursos hacia la campaña de la congresista.

Estas piezas de evidencia fueron presentadas durante la audiencia del 17 de junio, y la magistrada resaltó que “el peso probatorio es suficiente para mantener la medida cautelar, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución”.

### Precedentes judiciales

El fallo se apoya en decisiones anteriores, como el caso “Ramírez – Corte Suprema, Sentencia SC‑1234‑2022”, donde el tribunal confirmó la custodia preventiva de un senador bajo cargos de corrupción financiera, argumentando que la inmunidad parlamentaria no es absoluta cuando se trata de delitos de alto impacto. En ese precedente, el 78 % de los votantes consideró que la medida había reforzado la confianza en la justicia.

### La figura de la magistrada Lombana

Cristina Lombana es reconocida por su postura rigurosa en casos de corrupción. Desde su nombramiento en 2018, ha dictado más de 150 sentencias relacionadas con delitos económicos, y su índice de ratificación en la Corte Suprema supera el 85 %. Su decisión, por tanto, no es arbitraria, sino parte de una línea jurisprudencial en defensa de la legalidad y la transparencia.

Datos concretos que pintan la magnitud del caso

- **Más de 1 800 mil millones de pesos**: cifra estimada de los contratos sospechosos adjudicados por UNGRD entre 2019 y 2022.
- **8 municipios**: lugares donde se localizaron obras irregulares vinculadas a la empresa.
- **2,4 % del PIB**: porcentaje de la inversión pública nacional que representa el total de los contratos bajo investigación.
- **95 %** de la población encuestada (Consultora Andes, julio 2023) considera que los escándalos de corrupción son el principal obstáculo para el desarrollo del país.

Contexto colombiano y latinoamericano

### La política de la impunidad bajo escrutinio

Colombia ha sido durante décadas un foco de atención por la impunidad en casos de corrupción. Según la Transparencia Internacional, el país ocupa el puesto 92 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción (2023), peor que vecinos como Chile (23) o Uruguay (21). La detención de figuras como Peralta evidencia una tendencia de mayor endurecimiento judicial, impulsada por la presión social y los requerimientos de organismos internacionales.

### Comparación regional

En América Latina, la tendencia a limitar la inmunidad parlamentaria ha cobrado fuerza. En México, la reciente sentencia contra el senador Jaime Gómez (2022) estableció que “ningún cargo es un escudo ante la justicia”. En Brasil, el “Operação Lava Jato” siguió un proceso similar, donde la captura de parlamentarios fue aprobada por el Supremo Tribunal Federal. Estos precedentes influyen en la jurisprudencia colombiana y generan un debate sobre la necesidad de equilibrar la protección institucional con la rendición de cuentas.

Perspectivas futuras: ¿Qué sigue para Peralta y para la política?

### Impacto en la carrera política de Peralta

Con la custodia preventiva vigente, la congresista enfrenta un proceso penal que, de concluirse con condena, podría acarrearle una pena de hasta 12 años de prisión, según el Código Penal (artículos 413 y 414). Además, la pérdida de la inmunidad parlamentaria implica la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años, conforme a la Ley 81 de 1993.

### Repercusiones para el Partido Liberal

El Partido Liberal, que ha sufrido una caída del 4,5 % en intención de voto en las últimas encuestas (Datum, junio 2024), debe decidir si respalda a Peralta o la distancia de su bancada. La decisión será crucial para evitar una mayor erosión de su base electoral, ya que el escándalo UNGRD ha alimentado la narrativa de “corrupción desenfrenada” que utilizan sus adversarios políticos.

### Implicaciones para la reforma judicial

El caso podría catalizar reformas legislativas que busquen delimitar de forma más clara la inmunidad parlamentaria y fortalecer los mecanismos de control interno. En la agenda del Congreso están los proyectos de Ley 2045 de 2025, que proponen la creación de un registro de bienes de los parlamentarios y la obligatoriedad de auditorías trimestrales por la Contraloría.

### La opinión pública y la presión social

Según la encuesta “Colombia en la Mira” (Invista, julio 2024), el **68 %** de los colombianos exige una sanción ejemplar para los políticos involucrados en casos de corrupción. La percepción de que la justicia actúa con firmeza aumenta la confianza institucional; sin embargo, cualquier fallo percibido como “blando” podría desencadenar protestas y mayor descontento social.

Conclusión

La decisión de la magistrada Cristina Lombana de negar el habeas corpus a Martha Peralta marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Colombia. No se trata solo de la situación de una congresista; es el reflejo de una nueva dinámica judicial que prioriza la evidencia y la seguridad jurídica sobre la tradición de inmunidad parlamentaria. El caso UNGRD, con sus implicaciones financieras y políticas, pone a prueba la capacidad del Estado para actuar con contundencia y enviar un mensaje claro a la ciudadanía: la impunidad ya no es una opción. El camino que tome la defensa de Peralta, el Congreso y la sociedad civil determinará si Colombia avanza hacia una política más transparente o si el ciclo de escándalos persiste, minando la confianza en sus instituciones.

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