La magistrada Cristina Lombana, del Tribunal Superior de Bogotá, rechazó este martes la solicitud de habeas corpus presentada por la defensa de la congresista del Partido Verde, Martha Peralta, quien permanece bajo medida de aseguramiento mientras se completa la indagatoria por el caso Ungrd. La decisión, que se produce en medio de una polarizada discusión sobre la impunidad y la persecución política, abre un nuevo capítulo en un proceso que ya ha involucrado a varias autoridades de la nación y que podría redefinir los límites del control judicial sobre los parlamentarios.

Una decisión judicial que rompe la calma parlamentaria

El fallo de la magistrada Lombana se basa en la valoración de que existen **riesgos fundados de fuga, obstaculización de la investigación y posible cohecho**. En su fallo, la magistrada citó pruebas preliminares que indican que Peralta habría tenido contacto con testigos clave y que su permanencia en libertad representaría un obstáculo para la recolección de pruebas. La acción constitucional de habeas corpus fue interpuesta por la defensa de la congresista el 12 de junio ante el Juzgado 24 civil de Bogotá, bajo el argumento de que la medida vulneraba el principio de in dubio pro reo y la inmunidad parlamentaria contemplada en la Constitución de 1991.

La decisión conlleva una prolongación de la medida de aseguramiento preventiva, que hasta la fecha ha sido renovada en tres ocasiones por la Fiscalía General de la Nación, bajo la norma del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal. El caso Ungrd, que investiga el presunto desvío de recursos de la Unidad Nacional de Recursos y Devoluciones (Ungrd) a través de contratos ficticios, ha sido uno de los más mediáticos de los últimos dos años, involucrando a exfuncionarios de alto rango y a varios legisladores de diferentes bloques.

Datos que enmarcan la controversia

- **62 %** de los colombianos encuestados por Invamer en junio expresaron desconfianza en el Congreso, citando escándalos de corrupción como la principal causa.
- Desde 2015, **más de 30** parlamentarios han sido investigados por posibles actos de corrupción, aunque solo **5** han sido procesados bajo medidas de aseguramiento.
- El caso Ungrd ha movilizado recursos por más de **$150 billones** de pesos, según el informe preliminar de la Fiscalía, que todavía está bajo reserva.

Estos números evidencian un clima de descontento que se agrava cuando figuras electas son implicadas en procesos judiciales. La medida contra Peralta se convierte así en un barómetro de la capacidad institucional para actuar sin temor a la “inmunidad de los poderosos”.

El marco constitucional y la inmunidad parlamentaria

La Constitución colombiana otorga a los congresistas una **inmunidad de palabra** y una **inmunidad de acción penal** por opiniones y votos emitidos en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la normativa también contempla excepciones cuando existen **indicios claros de delito** y la autoridad competente decide que la libertad del parlamentario constituye un riesgo para la investigación o la seguridad pública.

En el caso de Martha Peralta, la Fiscalía ha presentado cargos de **cohecho propio**, **fraude procesal** y **prevaricato**, respaldados por audios y correos electrónicos que presuntamente demuestran la intención de influir en la adjudicación de contratos. La magistrada Lombana, al negar el habeas corpus, resalta que la “inmunidad no es una capa de protección absoluta; su alcance se limita a actos inherentes al ejercicio de la función legislativa”.

Esta posición judicial ha recibido el aval de la Fiscalía, que sostuvo que “la detención preventiva es indispensable para garantizar la integridad del proceso y la rendición de cuentas”.

Contexto latinoamericano: ¿una tendencia a la persecución o a la rendición?

Colombia no está sola en este debate. En **Brasil**, la reciente condena del ex‑presidente Jair Bolsonaro por intento de obstrucción a la justicia ha polarizado al país entre defensores de la soberanía parlamentaria y defensores de la independencia judicial. En **México**, la detención preventiva de la congresista Claudia Sheinbaum (antes de su candidatura presidencial) generó acusaciones de persecución política por parte de sectores de izquierda.

Estos casos reflejan una creciente **tensión entre poderes** en Latinoamérica, donde la judicialización de la política se vuelve una herramienta de control y, en ocasiones, de antagonismo. En Colombia, la *cultura de la denuncia* ha evolucionado, pero aún se enfrenta a la necesidad de equilibrar la independencia de la Fiscalía con la garantía de derechos constitucionales.

Perspectivas futuras: ¿qué sigue para Peralta y para la política colombiana?

1. **Audiencia de acusación**: La Fiscalía tiene previsto presentar la acusación formal ante la Fiscalía General de la Nación en los próximos 30 días. Si la evidencia se mantiene, es probable que la medida de aseguramiento se prolongue hasta la conclusión del proceso, que podría tardar entre 12 y 18 meses.
2. **Reacción política**: Los grupos parlamentarios del Partido Verde y de la oposición han anunciado una “mesa de diálogo” para discutir la “presunta judicialización de la actividad legislativa”. La presión interna podría traducirse en una moción de censura contra la Fiscalía o en una reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria.
3. **Impacto electoral**: Con las elecciones locales programadas para octubre de 2026, el caso Ungrd y la detención de Peralta podrían convertirse en un tema central de campaña. Las encuestas preliminares indican que **48 %** de los votantes consideran la corrupción como el tema más importante para decidir su voto.

En conclusión, la negativa de la magistrada Cristina Lombana a negar el habeas corpus de Martha Peralta no solo mantiene a la congresista bajo custodia preventiva, sino que también plantea interrogantes críticos sobre los límites del poder judicial frente al legislativo. En un país donde la confianza institucional se encuentra en niveles históricamente bajos, la manera en que se desarrolle este proceso podría redefinir la relación entre la ciudadanía, sus representantes y las instituciones de control. La respuesta del Congreso, los movimientos sociales y la comunidad internacional observarán de cerca, pues el desenlace no solo afectará a una parlamentaria, sino al futuro de la democracia colombiana y su credibilidad en la región.

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