En la víspera de la segunda vuelta presidencial, el jurista Mauricio Gaona volvió a los focos de la opinión pública al lanzar un llamado enérgico a las Fuerzas Armadas de la República. Su mensaje, publicado en Twitter y compartido ampliamente en redes, recordó la obligación constitucional de honrar los símbolos patrios y subrayó que ningún funcionario puede situarse por encima de la Carta Magna. La declaración llega en medio de una campaña electoral que ha encendido la polémica sobre la posible politización de la institución militar y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Un llamado a la neutralidad institucional

Gaona, reconocido por su trayectoria como magistrado constitucional y consultor en derechos humanos, escribió: “A los miembros de la #FA: el deber supremo no pertenece a una persona o a un Gobierno, sino a la Constitución y a los símbolos de la Patria. Honren la bandera, la canción y el escudo con la dignidad que les corresponde”. Con esas palabras, el jurista pretendió reforzar el artículo 215 de la Constitución, que establece la obligación de los civiles y militares de respetar los símbolos nacionales, y el artículo 196, que prohíbe a los servidores públicos ejercer funciones partidistas o partidizar la fuerza pública.

El mensaje no solo es una exhortación moral; tiene un fondo jurídico concreto. La Corte Constitucional ha reiterado en numerosas sentencias que la intervención de la milicia en la vida política “constitucionalmente vulnera la separación de poderes y la neutralidad del Estado”. En el caso C‑411 de 2022, por ejemplo, se declaró nula una propuesta de ley que buscaba crear la “guardia nacional” bajo mando directo del Ministerio de Defensa, por considerarla una forma de militarizar la seguridad interna.

La campaña electoral y la sombra de la politización

El contexto electoral actual está marcado por acusaciones cruzadas entre los dos candidatos que disputan la segunda vuelta. El actual presidente, Gustavo Petro, y su rival de la oposición, Federico Félix, han sido señalados por sus equipos de campaña por intentar captar el apoyo de las FA mediante discursos de “defensa de la soberanía” y “garantía de orden”. Mientras Petro ha llamado a la “unidad nacional” bajo la bandera, Félix ha enfatizado la “seguridad integral” con la presencia de la milicia como pilar.

Según el Centro Nacional de Estudios Estratégicos (CENESTRAT), el 37 % de los encuestados considera que la postura de los militares influye en su decisión de voto, y el 22 % teme que la institución se convierta en un actor partidista. En comparación, en la última ronda de elecciones presidenciales de 2018, el índice era de apenas 15 %, lo que evidencia una preocupación creciente por la posible “militarización” del debate político.

En su declaración, Gaona buscó cortar ese discurso dualista, recordando que la Constitución pone la lealtad de las FA a la Nación y no a un individuo o proyecto político. “Los militares son garante de la soberanía, no ejecutor de la agenda de un candidato”, recalca el jurista, cuya observación parece resonar con la sentencia C‑266 de 2019, que prohibió a oficiales de alto rango participar en campañas electorales.

Datos que confirman la tendencia regional

El fenómeno no es exclusivo de Colombia. En Latinoamérica, varios países han vivido episodios de intervención militar en procesos electorales. En Perú, el 2021 se registró un 48 % de denuncias de uso indebido del escudo y la bandera en propaganda partidista. En Bolivia, el 2020 se aprobó una reforma constitucional que explícitamente prohíbe la participación activa de oficiales en campañas, tras la crisis post‑elecciones de 2019.

En el caso de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que en 2022 hubo 112 incautaciones de material publicitario que usaba símbolos militares sin autorización, lo que indica una tendencia regional a intentar capitalizar la autoridad de la fuerza armada para validar proyectos políticos.

Perspectivas futuras: ¿Qué implicaciones tiene para la segunda vuelta?

El llamado de Gaona llega en un momento decisivo. La segunda vuelta se definirá el próximo 29 de octubre y los dos candidatos han intensificado sus recorridos por regiones estratégicas —el Pacífico, el Tolima y el Catatumbo— donde la presencia de la FA es más notoria. Si bien la legislación actual prohíbe la participación activa de los militares en campañas, la práctica política a menudo se desliza en la zona gris de los “eventos de carácter institucional” que pueden ser cooptados por los candidatos.

Analistas como la politóloga Ana Margarita Rojas de la Universidad de los Andes advierten que cualquier desvío de la neutralidad militar podría desencadenar una crisis de confianza institucional. “Si los ciudadanos perciben que la fuerza armada está alineada con un bando, la legitimidad del proceso electoral se verá gravemente comprometida”, alerta Rojas, quien también subraya el riesgo de que, en caso de victoria de uno de los candidatos, se busque “reconfigurar” la estructura de mando de la FA para favorecer intereses partidistas.

Por otro lado, los partidos de izquierda, encabezados por Petro, han prometido reforzar la capacitación en derechos humanos y la subordinar la FA a la autoridad civil, mientras que la oposición ha planteado la necesidad de “revisar la doctrina de defensa” para adaptarla a amenazas híbridas. Ambas posturas, aunque diferentes, coinciden en la necesidad de un marco jurídico claro que impida la politización.

Conclusión: la urgencia de un debate constitucional

La advertencia de Mauricio Gaona, lejos de ser una mera frase de campaña, resalta una cuestión esencial para la democracia colombiana: la preservación de la neutralidad militar como garante de la pluralidad y del respeto a la voluntad popular. En un país donde la violencia política ha dejado cicatrices profundas, la integridad de la institución militar es un pilar para la estabilidad.

Si la segunda vuelta se desarrolla sin incidentes de cooptación, se abrirá una ventana de oportunidad para reforzar la legislación y la cultura institucional que sostiene la Carta Magna. Sin embargo, cualquier señal de \"favoritismo\" por parte de la FA podría desencadenar protestas ciudadanas y, a la larga, erosionar la confianza en el Estado.

En el escenario latinoamericano, Colombia sigue siendo un caso de estudio sobre cómo equilibrar la necesidad de una defensa robusta con la exigencia de que la fuerza armada se mantenga por encima de la política partidista. El mensaje de Gaona, por tanto, no es solo un llamado a los uniformados; es una exhortación a todos los colombianos a vigilar que la Constitución siga siendo la brújula que guíe al país en su próxima decisión electoral.

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