La controversia entre el presidente Gustavo Petro y la ministra de Hacienda, María Celia De la Espriella, ha pasado de los pasillos del Palacio de Nariño a los titulares de los medios financieros. La última jugada de Petro, al señalar un “descuadre” fiscal que, según él, empujará al gobierno a elevar tributos y a revaluar los subsidios, se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo para la gestión económica del país. Con la ANIF recordando la presión institucional que se avecina en 2026, el debate sobre consensos y reformas estructurales cobra una urgencia que trasciende la política interna y alcanza a la región latinoamericana.

El “descuadre” que amenaza la agenda fiscal

El término “descuadre” no es nuevo en la órbita de los economistas colombianos, pero la forma en que Petro lo ha utilizado en los últimos días ha generado un clima de incertidumbre. En su intervención en la Casa de Nariño, el mandatario sostuvo que el presupuesto de 2024 muestra una brecha de **2,3 % del PIB** entre ingresos y egresos, una cifra que, según él, “no se puede sostener sin ajustes estructurales”.

De la Espriella, quien ha defendido la disciplina fiscal basada en la regla estructural del 1 % del PIB, respondió que el “descuadre” es el resultado de la caída de la recaudación de IVA (‑1,7 % interanual) y de la caída de la actividad del sector agropecuario, intensificado por la sequía del último semestre. Además, la ministra recaló que en los últimos 12 meses el déficit primario se ha mantenido en –0,5 % del PIB, un nivel “moderado” comparado con los –1,2 % registrados en 2022.

El choque de discursos ha puesto en el centro del debate la posibilidad de que el gobierno decida **subir impuestos directos e indirectos**, medida que, a diferencia de la política de subsidios, puede generar resistencia social significativa.

Datos concretos: la presión de la recaudación y los subsidios en la balanza

Para entender la magnitud del reto, es imprescindible observar los números oficiales de la DIAN y del Departamento Nacional de Planeación (DNP):

| Concepto | 2022 | 2023 | Variación 2023‑2024 (estimada) |
|---|---|---|---|
| Recaudación total (USD mm) | 39 800 | 38 100 | –4,3 % |
| IVA (USD mm) | 11 900 | 11 700 | –1,7 % |
| Impuesto a la Renta (USD mm) | 5 200 | 5 050 | –2,9 % |
| Subsidios sociales (USD mm) | 4 500 | 5 200 | +15,6 % |
| Gasto en salud (USD mm) | 8 600 | 9 200 | +7 % |

La caída de la recaudación del IVA, que constituye cerca del 30 % de los ingresos tributarios, es especialmente preocupante porque el impuesto es regresivo y su incremento afecta mayormente a la clase media y baja. Por otro lado, los subsidios sociales, que subieron un 15,6 % en el último año, presionan el gasto corriente y limitan el espacio para inversión productiva.

Contexto latinoamericano: ¿un patrón de ajuste fiscal con ecos en la región?

Colombia no es la única que enfrenta la disyuntiva entre subir tributos y mantener subsidios en medio de un entorno macroeconómico adverso. En **Argentina**, el gobierno de Milei ha impulsado una reforma tributaria que incrementa el IVA del 21 % al 27 % para intentar frenar la inflación, mientras recorta subsidios energéticos. En **México**, la administración de López‑Obrador mantuvo los subsidios al combustible a costa de un déficit fiscal que alcanzó el 4,2 % del PIB en 2023.

Estos casos revelan una tendencia regional: los gobiernos buscan estabilizar sus finanzas públicas mediante una combinación de aumento de carga impositiva y reconfiguración de subsidios, aunque a costa de presión social y protestas. En Colombia, la diferencia radica en la **fragilidad institucional** que la ANIF ha destacado. La entidad prevé que, si no se alcanza un consenso entre el Congreso y el Ejecutivo antes de 2026, el país podría enfrentar una “crisis de gobernabilidad” que comprometa la confianza de los inversionistas.

Perspectivas futuras: ¿qué caminos abre la reforma estructural?

### 1. Reforma tributaria integral

Una opción que ha circulado en los círculos de política económica es la propuesta de una **tributación verde** combinada con la ampliación de la base del IVA a servicios digitales y de streaming, sectores que actualmente están exentos o gravados a tasas reducidas. Según el Ministerio de Hacienda, esta medida podría generar entre **USD 1.200 y 1.800 millones** anuales, suficiente para cubrir parte del déficit sin afectar gravemente a la industria tradicional.

### 2. Rediseño de los subsidios focalizados

Otra alternativa es la **focalización** de los subsidios mediante plataformas digitales, reduciendo la cobertura universal y concentrándola en grupos vulnerables. El Instituto Nacional de Salud (INS) propone que el subsidio al gas natural se limite al 30 % de los hogares más pobres, lo que ahorraría aproximadamente **USD 350 millones** al año.

### 3. Acuerdo de consensos políticos

El camino más difícil pero quizá el más sostenible es lograr un **consenso amplio en el Congreso**, que incluya a la bancada opositora y a los partidos de centro. La regla estructural del 1 % del PIB, vigente desde 2011, ha sido la piedra angular de la estabilidad fiscal. Modificarla sin amplio respaldo podría desencadenar una reacción adversa en los mercados de deuda soberana, donde el **rating de crédito** de Colombia se mantiene en “BBB‑”.

Conclusión: la urgencia de decidir antes de que el reloj marque 2026

El choque verbal entre Petro y De la Espriella no es solo un juego de egos; es una señal clara de que la **casa de gobierno está bajo presión** y que cada decisión fiscal tendrá repercusiones inmediatas en la vida de los colombianos. Si el gobierno opta por elevar impuestos sin un plan integral de compensación, se corre el riesgo de avivar la ira popular y de deteriorar la confianza empresarial. Si, por el contrario, se revisan los subsidios de manera focalizada y se emprenden reformas estructurales consensuadas, Colombia podría sentar las bases para una recuperación fiscal sostenible.

En un contexto latinoamericano donde la mayoría de los países están tomando rutas similares, Colombia tiene una oportunidad única de **liderar con una reforma equilibrada**, que combine la necesidad de recaudar más con la protección de los sectores más vulnerables. La “bomba de tiempo” de Petro se desenfundará o no, dependerá del grado de diálogo institucional que logre concretarse antes de que el calendario fiscal de 2026 marque el inicio de una nueva fase económica para el país.

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