La carrera electoral en Colombia se perfila en una encrucijada decisiva. Con la segunda vuelta presidencial a la vuelta de la esquina, los dos candidatos que disputan la Presidencia deben presentar programas económicos que, más allá de la retórica, convenzan a una ciudadanía cansada de la inflación, el desempleo y la brecha de desigualdad. En este artículo desglosamos las propuestas clave de cada contendiente, los números que respaldan sus argumentos y el posible impacto que sus políticas podrían tener en el país y en la región latinoamericana.

1. La agenda fiscal del candidato de la coalición de centro‑derecha

El candidato del bloque tradicionalista presentó un programa centrado en la “estabilidad macroeconómica” y la “competitividad”. Sus líneas rectas incluyen:

| Propuesta | Detalle | Impacto esperado |
|-----------|---------|------------------|
| Reducción del déficit primario al 1,5 % del PIB en 2025 | A través del control del gasto corriente y la eliminación de subsidios a combustibles | Mejora del rating soberano; costos de financiamiento más bajos |
| Reforma tributaria “pro‑inversión” | Incremento del impuesto al patrimonio de > US $5 millones del 0,5 % al 1 % y reducción del IVA a bienes de primera necesidad (de 19 % a 16 %) | Recaudación adicional estimada en 2 % del PIB; mayor capacidad de gasto social |
| Incentivos a la formalización | Bonificaciones en seguridad social para empresas con más de 10 empleados formales | Expectativa de formalizar 1,2 millones de trabajadores informales para 2027 |
| Plan de infraestructura de US $15 mil millones | Enfoque en carreteras, puertos y energía renovable | Generación de 250 000 empleos directos y atracción de inversión extranjera |

El candidato subraya que el último trimestre de 2023 la inflación se cerró en 9,6 %, la más alta de la década, y que la tasa de desempleo alcanzó 12,4 % en diciembre. Su discurso apunta a “reducir la carga fiscal a los sectores productivos” y “restaurar la confianza del sector financiero”.

**Datos concretos:** Según el DANE, el sector informal agrupa al 48 % de la fuerza laboral. La propuesta de formalización, con un aporte de US $1.200 millones al Estado, se basa en estudios del Banco Mundial que demuestran que la formalidad puede elevar el PIB per cápita en 0,6 % anual.

2. El plan de desarrollo del candidato de la coalición progresista

El aspirante de la izquierda presenta un “modelo social‑productivo” que prioriza la redistribución y la inversión pública. Sus ejes se estructuran en tres grandes bloques:

| Propuesta | Detalle | Impacto esperado |
|-----------|---------|------------------|
| Reforma tributaria progresiva | Incremento del IVA a bienes de lujo (de 19 % a 22 %) y creación de un impuesto verde del 2 % sobre emisiones de CO₂ | Recaudación estimada de 4 % del PIB; financiamiento de transición energética |
| Programa de empleo público “Jóvenes al Trabajo” | Creación de 800 000 puestos en salud, educación y obras públicas | Reducción del desempleo juvenil al 15 % en dos años |
| Ampliación del gasto en salud y educación | Incremento del presupuesto en salud de 4 % a 6 % del PIB; educación básica universal con gratuidad total | Mejora de indicadores de cobertura sanitaria en 5 % y reducción de brecha educativa |
| Nacionalización parcial de la generación eléctrica | Creación de una empresa estatal para gestionar 30 % de la capacidad instalada | Reducción de tarifas en un 10 % a mediano plazo y mayor control de precios |

El candidato hace énfasis en que la desigualdad medida por el Coeficiente de Gini se ubicó en 0,51 en 2022, y que la concentración de la riqueza sigue en manos de una élite que posee el 20 % de los ingresos del país. Su programa incluye la creación de un “Fondo de Equidad Territorial” con recursos provenientes del nuevo impuesto verde, destinado a regiones históricamente excluidas.

**Cifras de referencia:** El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la inversión pública en infraestructura en Colombia ha caído un 30 % desde 2017. Restablecer al menos US $10 mil millones de inversión anual podría impulsar el crecimiento del PIB en 1,8 % anual, según sus proyecciones.

3. ¿Qué dice el contexto latinoamericano?

En la última década, América Latina ha experimentado una polarización entre modelos de corte neoliberal y aquellos orientados a la intervención estatal. Países como Perú y Chile recientemente optaron por mantener planes de estabilización fiscal, mientras que Argentina y México adoptaron políticas más expansivas en respuesta a la crisis sanitaria y la inflación.

Colombia, con un déficit fiscal del 6,2 % del PIB en 2023 (según el Ministerio de Hacienda), se sitúa por encima del promedio regional (4,3 %). Además, el índice de percepción de corrupción (Transparency International) registró 39/100 en 2024, lo que limita la confianza en la ejecución de cualquier plan económico.

Los dos candidatos deben, por tanto, navegar entre la presión de los mercados internacionales –que exigen disciplina fiscal– y la demanda interna de mayores programas sociales. La decisión de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) de elevar su índice de referencia en 200 puntos en los últimos seis meses refleja la esperanza de estabilidad, pero también la volatilidad ante cualquier señal de política expansiva sin respaldo fiscal.

4. Perspectivas a corto y mediano plazo

**Escenario de continuidad de centro‑derecha:** Si el candidato del bloque tradicional logra reducir el déficit y estabilizar el tipo de cambio, se espera que la calificación de crédito de S&P suba de “BBB‑” a “BBB”, lo que abarataría el costo de los bonos soberanos en un 30 %. Sin embargo, la reducción de subsidios podría elevar los precios de los combustibles en un 8‑10 %, lo que presionaría nuevamente la inflación.

**Escenario de giro progresista:** La mayor recaudación tributaria y la inversión pública podrían impulsar la demanda interna y reducir la pobreza en un 2 % anual, pero el incremento del gasto fiscal requerirá financiamiento externo o emisión de deuda. Dado que la deuda pública ya supera el 55 % del PIB, un aumento sin una estrategia clara de sostenibilidad podría elevar los spreads de riesgo y generar fuga de capitales.

**Impacto regional:** Un modelo colombiano que combine disciplina fiscal y programas sociales podría servir de referencia para naciones como Ecuador y Bolivia, que buscan equilibrar la estabilidad macroeconómica con la inclusión. Por el contrario, una apuesta por el gasto expansivo sin garantías de financiación podría reforzar la narrativa de que “las políticas de izquierda provocan crisis de deuda”, un argumento que ya está siendo utilizado por gobiernos de derecha en la región.

Conclusión

La segunda vuelta presidencial no solo decidirá quién ocupará la Casa de Nariño, sino también el rumbo económico de Colombia en los próximos cinco años. Las propuestas presentadas difieren en sus prioridades: mientras un candidato apuesta por la estabilización macro y la competitividad, el otro busca una mayor redistribución y gasto público. Los números son claros: la inflación sigue alta, el desempleo juvenil supera el 15 % y la brecha de ingresos se mantiene profunda.

En última instancia, la decisión del electorado dependerá de la confianza en que cualquier modelo, ya sea de austeridad o de expansión, sea capaz de traducir sus promesas en resultados tangibles. La historia reciente de la región muestra que la sostenibilidad fiscal y la justicia social no son mutuamente excluyentes; el desafío será diseñar una política económica que logre ambos objetivos sin sacrificar la estabilidad ni la inclusión. El próximo domingo, los colombianos tendrán la oportunidad de definir cuál de estas rutas desea seguir.

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