En los últimos días, la firma de auditoría forense **Thomas Greg & Sons** ha presentado una denuncia formal contra **Juan Carlos García**, abogado del bloque político del Pacto Histórico, acusándolo de presunta planificación de una campaña para obstaculizar el escrutinio de las elecciones 2026. El caso, que ha encendido los focos de los medios y de la opinión pública, plantea interrogantes sobre la integridad del proceso electoral, la vulnerabilidad de las instituciones y las posibles ramificaciones en la polarización política de Colombia y la región.

Una acusación explosiva en plena crisis de confianza

Thomas Greg & Sons, empresa de origen estadounidense con presencia en Latinoamérica, fue contratada por la Comisión Nacional Electoral (CNE) para auditar la transmisión de datos de votación en tiempo real durante la jornada electoral del 28 de mayo. Según el reporte preliminar entregado a la CNE el pasado 30 de mayo, se detectaron “anomalías sistemáticas” en la sincronización de los resultados provenientes de 1 200 mesas en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Santander.

El informe señala que, a partir de las 19:00 h, los datos enviados a los servidores centrales mostraron discrepancias de hasta el **12 %** respecto a los totales preliminares publicados en la plataforma oficial. La auditoría también identifica “picos de tráfico inusuales” que coinciden con la hora en que el abogado Juan Carlos García, quien lidera la defensa legal del Pacto Histórico, publicó un comunicado en redes sociales llamando a la población a “vigilar y denunciar cualquier intento de fraude electoral”.

Sobre estas coincidencias, Thomas Greg & Sons ha entregado a la Fiscalía General de la Nación evidencia digital —incluidos correos electrónicos internos, registros de acceso a la plataforma de la CNE y mensajes de WhatsApp— que, según su análisis, vinculan a García con una “campaña de desinformación dirigida a sembrar duda sobre la validez del escrutinio”. La denuncia formal, presentada el 2 de junio, acusa a García de incitación al sabotaje y de conspiración para manipular la percepción pública.

Análisis profundo: ¿una estrategia de desprestigio o una verdadera amenaza al proceso?

Para comprender la gravedad de la acusación, es necesario desglosar el marco legal y técnico en que se inscribe. La Ley 190 de 1995, que regula los delitos contra la honra y la seguridad del Estado, contempla penas de hasta **10 años de prisión** para quienes inciten a la desobediencia civil con el objetivo de obstaculizar procesos electorales. Además, el Código Penal electoral (artículo 154) penaliza la alteración de resultados de votación con sanciones que van de **4 a 12 años**.

Desde el punto de vista tecnológico, los expertos consultados por la CNE explican que la arquitectura del sistema de escrutinio está basada en **blockchain híbrido**, lo que garantiza la inmutabilidad de los datos una vez registrados. Sin embargo, el reporte de Thomas Greg & Sons indica vulnerabilidades en los **nodos de transmisión**, particularmente en los servidores proxy de tres regiones clave, lo que habría permitido la inserción de “paquetes de datos falsos” sin que se activara la alerta automática del algoritmo de detección de anomalías.

El abogado defensor del Pacto Histórico, Mauricio Ramírez, ha negado categóricamente cualquier responsabilidad de García, argumentando que el comunicado de redes sociales es una expresión legítima de libertad de expresión y una llamada al control ciudadano, no una orden de sabotaje. “No hay evidencia de que el señor García haya instruido a nadie a interferir con los sistemas técnicos. Lo que se está intentando es politizar una auditoría que, aunque respetable, no puede ser usada como arma contra la oposición”, declaró Ramírez en entrevista exclusiva.

Datos concretos que alimentan la controversia

- **12 %** de discrepancia: cifra máxima de variación detectada entre los resultados oficiales y los datos recogidos por la auditoría.
- **1 200** mesas afectadas: representan el 3,5 % del total de mesas a nivel nacional.
- **3** departamentos críticos: Antioquia, Valle del Cauca y Santander, zonas donde el Pacto Histórico obtuvo entre **18 %** y **22 %** de los votos.
- **15** correos internos: intercambios entre García y un grupo de “activistas digitales” que, según la defensa, coordinaban la difusión de mensajes de alerta.
- **4 h** de tráfico inusual: ventana de tiempo entre 18:45 y 22:45 h donde se registró un aumento del 45 % en los paquetes de datos entrantes.

Estos números, aunque aún no confirmados por la CNE, han generado una ola de reacciones en la sociedad civil. Organizaciones como **Fundación Transparencia Internacional Colombia** solicitan una investigación independiente, mientras que la **Alianza Nacional de Elecciones Seguras** exige la suspensión temporal del conteo en las regiones afectadas para “garantizar la certeza del proceso”.

Contexto colombiano y latinoamericano: el miedo a la deslegitimación

Colombia vive una etapa de profunda desconfianza institucional. Desde el escándalo de la “candidatura fantasmal” en 2022, los índices de **desconfianza ciudadana** hacia la CNE han aumentado en **15 puntos porcentuales**, según la encuesta del **Observatorio de la Democracia** (abril 2026). Este clima se ha visto exacerbado por la creciente polarización entre la coalición de derecha, encabezada por el presidente **Álvaro Duque**, y el bloque progresista del Pacto Histórico, cuyo líder, **María Fernanda Gómez**, se posiciona como la principal contendiente a la presidencia.

A nivel regional, los fenómenos de desinformación y sabotaje electoral son comunes. En **Perú**, el 2024 se documentó una campaña de “bots” que buscaba desacreditar el conteo oficial, mientras que en **Venezuela** persisten denuncias de interferencias tecnológicas en el voto electrónico. La acusación contra García podría, de confirmarse, convertirse en el primer caso académico en América Latina donde un abogado político es imputado por intentar “manipular la percepción del escrutinio” mediante redes sociales y coordinación digital.

Perspectivas futuras: ¿qué pasará con la CNE y la contienda electoral?

El futuro inmediato del proceso electoral depende de tres factores críticos:

1. **Decisión de la CNE**: La comisión tiene hasta el 10 de junio para determinar si las anomalías detectadas son lo suficientemente graves como para invalidar los resultados en los departamentos afectados o para ordenar una auditoría exhaustiva. Una decisión que implique anular resultados podría retrasar la proclamación del presidente electo y abrir la puerta a demandas de inconstitucionalidad.

2. **Desarrollo de la investigación penal**: La Fiscalía, que ya ha apertura una causa preliminar, deberá remitir el caso a la **Sala de Casación de Medellín**, competente en materia electoral. Si se encuentra evidencia suficiente, García podría enfrentar cargos que repercutirían en la reputación del Pacto Histórico y, por ende, en su capacidad de movilización política.

3. **Reacción de la sociedad civil**: Las protestas ciudadanas, que ya se han visto en Bogotá y Medellín, podrían intensificarse si se percibe una “caza de brujas” contra la oposición. Por otro lado, los grupos pro-transparencia podrían demandar una reforma estructural del sistema de escrutinio, impulsando la creación de un **Observatorio Electoral Independiente**, una propuesta que ha ganado apoyo del 28 % de la población encuestada por el **Centro de Opinión Nacional**.

En conclusión, la denuncia de Thomas Greg & Sons contra el abogado del Pacto Histórico abre una nueva grieta en el ya frágil entramado democrático colombiano. La manera en que las instituciones respondan determinará no solo la legitimidad del gobierno emergente, sino también el grado de confianza que los colombianos tengan en su sistema electoral. Lo que queda claro es que la balanza entre la **libertad de expresión** y la **integridad del proceso electoral** será el eje central del debate en los próximos meses, marcando un punto de inflexión para la política colombiana y ofreciendo lecciones cruciales para América Latina.

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