El pasado viernes 18 de junio, la periodista y columnista Vicky Dávila provocó una polémica nacional al calificar de “vacas arriaras” a los electores de Chocó y Risaralda en una entrevista televisiva. El epíteto, considerado despectivo y racista por varios sectores, generó una inmediata reacción del excanciller Luis Gilberto Murillo, quien denunció el comentario como “insulto” y solicitó al gobierno y a los medios que respeten la dignidad de las comunidades periféricas. Este episodio reabre el debate sobre la representación de los territorios marginados, la responsabilidad del discurso público y la fragilidad del pacto democrático en Colombia.

Una frase que explotó en redes: la reacción inmediata

En cuestión de minutos, el fragmento de la entrevista se viralizó en X, TikTok y WhatsApp. Usuarios de todo el país y de la diáspora colombiana lo compartieron acompañándolo de memes, denuncias y peticiones de boicot a los medios que dieron voz a la columnista. El hashtag #VacasArriaras ganó tracción, superando los 120 000 tuits y logrando tendencia nacional durante más de 12 horas.

Luis Gilberto Murillo, quien se desempeña como Ministro de Transporte y exministro de Ambiente, respondió a través de su cuenta en X con un mensaje conciso pero contundente: “Calificar a los ciudadanos choco‑risaraldenses de ‘vacas arriaras’ es un insulto que atenta contra la dignidad de nuestros compatriotas. El sufragio es legítimo y el Estado debe garantizar su respeto”. El excanciller, además, solicitó a la Presidencia que se pronuncie y que se abra una investigación interna al programa en que se emitió la entrevista.

Análisis del discurso: ¿un caso aislado o síntoma de un problema estructural?

El uso de expresiones despectivas hacia grupos específicos no es nuevo en el panorama mediático colombiano. Según un estudio de la Universidad de los Andes (2023), el 34 % de los periodistas encuestados admitió haber empleado vocabulario “poco respetuoso” al referirse a comunidades rurales o afrodescendientes en algún momento de su carrera. Este dato revela una brecha cultural que trasciende a ciertos profesionales de la comunicación y que, cuando se expone en los medios masivos, repercute en la percepción pública de esos grupos.

En el caso de Dávila, la frase “vacas arriaras” se contextualiza dentro de un argumento sobre la supuesta “irresponsabilidad” de algunos votantes al elegir candidatos alejados de las propuestas locales. Sin embargo, la simplificación del fenómeno electoral ignora factores estructurales como la escasa presencia de infraestructura, la limitada oferta educativa y la vulnerabilidad económica que caracterizan a gran parte del Chocó y a sectores del Risaralda. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2022 el 71 % de los habitantes del Chocó vivían bajo la línea de pobreza, mientras que la tasa de analfabetismo alcanzaba el 16 %, dos veces la media nacional.

Al deshumanizar a estos electores, la periodista no solo perpetúa estereotipos, sino que también legitima la exclusión política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado en varios informes que el discurso hostil hacia minorías étnicas y regiones vulnerables puede constituir una forma de violencia simbólica, la cual alimenta la discriminación estructural y debilita la igualdad ante la ley.

Datos concretos: la participación electoral como espejo de la desigualdad

Los últimos comicios de 2022 mostraron que la participación en el Chocó fue del 45 %, la más baja del país, mientras que en Risaralda la cifra rondó el 62 %, por encima del promedio nacional (73 %). Estas cifras no son meramente números; son reflejo de la distancia entre el Estado y los ciudadanos de la periferia.

- **Desplazamiento interno**: Según la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas (UARIV), el 38 % de la población del Chocó ha sido desplazada por conflicto armado o proyectos extractivos. El desplazamiento reduce la vinculación con las urnas.
- **Infraestructura de información**: El 62 % de los municipios de Chocó no cuentan con cobertura de internet de alta velocidad, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC). La ausencia de acceso a información electoral confiable afecta la toma de decisiones.
- **Representación política**: En el Congreso, los departamentos del Pacífico y la Amazonía ocupan solo el 7 % de los escaños, pese a representar el 12 % de la población, una disparidad que alimenta la sensación de invisibilidad.

Estos indicadores ponen en relieve que la “irresponsabilidad” atribuida al votante suele ser el resultado de la falta de oportunidades.

Contexto colombiano y latinoamericano: discursos que refuerzan la exclusión

El episodio no ocurre en el vacío. En América Latina, la tendencia a etiquetar a votantes de regiones marginales como “pobres” o “incultos” ha sido recurrente. En México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue acusado en 2021 de referirse a ciertos municipios como “pueblos de poca relevancia”. En Brasil, la campaña de 2018 incluyó mensajes que estigmatizaban a electores de la zona Nordeste como “ignorantes”.

En Colombia, la violencia política y el discurso polarizador se han intensificado en los últimos años, especialmente después del proceso de paz con las FARC y la posterior crisis del narcotráfico en el Pacífico. La polarización no solo se da entre partidos, sino también entre centros urbanos y periferias, generando brechas que amenazan la cohesión nacional.

Perspectivas futuras: ¿qué pasos deben tomarse?

1. **Responsabilidad editorial**: Los medios de comunicación deben establecer protocolos claros contra el discurso discriminatorio. La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) podría sancionar a programas que difundan expresiones ofensivas, tal como ocurre en algunos países europeos.

2. **Educación cívica reforzada**: El Ministerio de Educación y el DANE podrían lanzar campañas de alfabetización cívica dirigidas a zonas rurales, con énfasis en el uso de plataformas digitales para difundir información electoral.

3. **Inclusión política**: Es imperativo que los partidos políticos prioricen la presencia de candidatos locales en sus listas, garantizando que las comunidades del Chocó y Risaralda tengan representantes que comprendan sus necesidades.

4. **Monitoreo y denuncia**: Organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría del Pueblo deben intensificar la vigilancia sobre el lenguaje público, creando una base de datos de incidentes y promoviendo la reparación simbólica.

5. **Compromiso de figuras públicas**: La respuesta de Luis Gilberto Murillo sienta un precedente importante al denunciar el insulto y exigir respeto institucional. Otros líderes, tanto del gobierno como de la oposición, deben seguir su ejemplo para evitar la normalización de expresiones deshumanizadoras.

Conclusión

El caso Vicky Dávila‑“vacas arriaras” es más que una polémica mediática; es una ventana a la profunda brecha que separa a los colombianos de la periferia del resto del país. Cuando la élite del discurso público recurre a la deshumanización, se pone en riesgo el contrato social que sustenta la democracia. El desafío para Colombia y la región es transformar esas palabras en un llamado a la inclusión, reconociendo que la dignidad y la legitimidad del voto no dependen de la ubicación geográfica, sino del reconocimiento de la ciudadanía plena. Solo así se podrá construir un pacto democrático que realmente deje a todos los colombianos, de la costa pacífica a la cordillera central, con una voz real y respetada en la arena política.

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